¿ Una nueva transparencia activa? Promesa y desafío de los Datos Abiertos

Comienzo Promisorio, Foto del Autor

¿ Que tienen que ver el derecho al acceso a la información y los datos abiertos? , es una pregunta que recientemente me realizó un servidor público en una visita a Montevideo, Uruguay en el marco de mi investigación.

La desconexión que a veces existe entre quienes trabajan en ambas comunidades, (y que fue muy bien documentada en este informe de Acces Info! y la Open Knowledge Foundation) impide ver el punto.  Quien preguntaba estaba interesado  que implicaba para los Estados y su relación con la ciudadanía.

La conexión clave, y no siempre explícita, entre datos abiertos y acceso a la información pública, se encuentra, a mi entender, en los llamados deberes de transparencia activa que generalmente establecen las leyes de acceso a la información pública, y que implican que los Estados deben divulgar ciertas categorias de información, de la forma más comprensible posible para la ciudadanía. Un buen  ejemplo de obligaciones de transparencia activa se encuentra aquí, en la ley chilena.

Sin embargo éstas obligaciones se pensaron para tiempos del gobierno «analógico» y en la era del gobierno electrónico y los datos abiertos, hay al menos tres cosas que generalmente las obligaciones de transparencia activa no contemplan:

•  acceso  a bases de datos
•  que los datos  se presenten en formatos reusables y no propietarios
• deber de mantener la información disponible de forma» estable»

Esto ha llevado a muchos en el Reino Unido a hablar del derecho a los datos («right to data») , una propuesta que parece va a prosperar.  La contracara, es en el fondo la provisión de información por parte del Estado bajo sus obligaciones de transparencia activa. Dicho sea esto, son pocos los Estados del mundo que  «hacen bien los deberes» en materia de transparencia activa (incluido el Reino Unido) lo cual supongo motivó la lucha por el derecho

.

¿Entonces, precisamos una ley que promueva los datos abiertos? No necesariamente en estos primeros momentos. El caso de la Intendencia de Montevideo demuestran que se puede  tener una politica de datos abiertos, con voluntad politica y buen asesoramiento técnico. Escribir los principios  «en la piedra» puede ser muchas veces contraproducente, mas cuando se esta navegando por ríos nuevos.

Dicho esto , no tener reglas claras de juego  también puede ser contraproducente, como demostró  un reciente incidente en Argentina, llamado jocosamente el «capchagate». El sitio web de Gasto publico bahiense, el cuál desarrolla una muy buena labor mapeando los gastos de la muncipalidad de  Bahia Blanca, no pudo continuar funcionando porqué  el gobierno utilizó una tecnología llamada «capcha» ( en sencillo una forma de asegurarse que hay un humano detrás de la maquina)  y la persona que administraba el sitio tuvo que rediseñarlo para que pudiera continuar. La historia completa, la pueden ver  aquí.

Los «malos entendidos», no solo pasan en Argentina, sino que en el Reino Unido un desarrollador utilizó datos de presupuesto  de un municipio para construir un sitio web sobre transparencia, y en el proceso se apropió de esos datos  poniéndolos en formatos no reusables e impidiendo que otros los pudieran usar. La historia se encuentra bien narrada en el blog de Chris Taggart, y si bien el tema finalmente se solucionó, demuestra que detrás  de este nuevo empuje por abrir los datos, hay muchas reglas de juego  no claras.

Los datos abiertos implican en el fondo una nueva forma de estructurar la provisión de información por parte del Estado,  y genera cambios en la forma en la cual es usada por la ciudadanía. Nadie tiene en principio que «preguntar» para hacer uso de ellos, ya que se supone de principio que están disponibles para que la gente pueda usarlos y reusarlos y hacer cosas que sean útiles. Para volver al ejemplo de Montevideo, aquí hay dos iniciativas  GxBus y AcaVamos que se basaron parcialmente en los datos provistos por la Intendencia de Montevideo. Pero con los datos en distintas áreas de la vida pública, «el cielo es el límite», solo faltan buenas ideas.

Obviamente la relación ciudadanía – Estado  aparece mediada, por un grupo nuevo de actores, que se han venido a denominar «infomediarios», quienes logran que la información tenga algún valor para un sector del público, y quienes usualmente tienen los mismos desafíos  que otros intermediarios tradicionales entre la ciudadanía y el Estado.  Lo que hay nuevo bajo el sol, es la potencialidad para creación de capital social en una escala sin precedente, potenciado por las tecnologías de la información y comunicación.

¿ Y que desafíos enfrenan los Estados ( en particular en América Latina) en este nuevo escenario?

Básicamente los desafíos se encuentran en dos grandes áreas: gestión y adopción de políticas con respecto a los datos abiertos.

En materia de gestión, todas las administraciones públicas del mundo, tienen problemas en como se gestionan sus archivos y su información.  A su vez los servidores públicos, debido al set de incentivos en sus organizaciones, son en general proclives a no compartir información (ni siquiera entre ellos) . Las  administraciones públicas latinoamericanas (y alguna que otra europea) tienen un problema extra, que muchas veces puede definirse como la «personalización» de la información (o mejor conocido como «el día que desaparezca  Juan» no tendremos los datos).  A su vez, dependiendo del grado de privatización que hayan sufrido los Estados durante los 90, buena parte de la información disponible podría estar en manos de proveedores privados, que no necesariamente deben brindarla, conforme  las reglas imperantes. Y finalmente no todos tienen una agencia central o punto nodal dentro de sus gobiernos para al adopción de políticas públicas en materia de transparencia y tecnología, con lo cual las capacidades estatales pueden no estar presentes.

En cuanto a desafíos notorios en materia de adopción de políticas públicas también existen cosas para debatir. ¿ Que licencia de uso y reuso deberían tener los datos? ¿ Debería cobrarse por los mismos?  Otro asunto no menor, tiene que ver con la adopción de un estándar técnico en materia de estructuración  de datos ¿ Deberíamos promover, desde el Estado que los datos fueran anotados en formatos RDF, en línea con lo propuesto por Tim Berners Lee, para promover la web semántica? ¿ O deberíamos simplemente promover que se publiquen y ver que realizan los usuarios con ellas? Varios de estos temas  fueron enmarcados por Patrick Dunleavy y sus colaboradores en este libro,  y aunque no concuerdo del todo con el enfoque, tal vez convenga tenerlo en cuenta.

En este post ( y en el artículo que es su base) quise dejar planteado que existe un área entre transparencia, acceso a la información propiedad intelectual y tecnología, que en el fondo conforma una nueva visión de lo que implica un Estado transparente. Para ponerlo en sencillo, y evitar definiciones académicas, a la idea tradicional de transparencia que implica «poder ver lo que pasa como si fuera una caja cristal», debe ahora añadirse poder usar lo que la caja de cristal deja ver, para que  los actores pasen de meros voyeuristas, a participantes y puedan auténticamente afectar los procesos de gobierno.   El cómo eso pasará,  es todavía una incógnita. El comienzo, es promisorio.

Post preparado en base a un estudio presentado para  ECPR en el panel de «Gobierno de la Información«. Parte del mismo ha sido posible gracias a la desinteresada colaboración de la OKFN y mi participación en los encuentros de la OKFN Berlin y el encuentro  la Primera Conferencia Global sobre Transparencia en Nueva York, donde presenté dos trabajos junto a Silvana Fumega.