Privacidad y Después

La Ciudad Vieja, el casco histórico de la siempre discreta Montevideo, ha sido un lugar de puerto, marineros, tango y lo que también a todo eso viene asociado: el delito.  Parece que no es más el caso. El Ministerio del Interior ha incorporado un set de cámaras en las calles que permiten monitorear buena parte de la Ciudad Vieja y según el Ministerio el delito ha descendido o al menos se ha «corrido»  desde que las cámaras han comenzado a operar. Las cámaras nos traerán la victoria contra el delito (o una parte de él). Aún Uruguay no tiene el centro de seguridad de Nueva York donde 3000 cámaras constantemente monitorean la ciudad, e incluso firmas privadas  instalan cámaras para el gobierno como describe David Sasaki en este post, pero tengo bastante fé que podríamos llegar porque a fin de cuentas «Uruguay es el mejor país». ¿Afectan las cámaras de seguridad impuestas por el Estado nuestras libertades civiles? ¿ Son un mal necesario en tiempos de inseguridad? ¿ Son las cámaras el mál de la «éra de la vigilancia» llena de voyeurismo digital?

1) Privacidad, siglo XX y después

No siempre hemos sido tan afectos a la privacidad. En pequeñas comunidades los humanos tendemos a no preocuparnos tanto por quien nos mira, porqué y que tantos secretos debemos proteger. Cuando estuve en la isla de Tonga, ubicada en el Pacífico una de las cosas que más me sorprendió era justamente el grado de cohesión social (y falta de privacidad) que tenían los tonganos (y tonganas)  sin que esto fuera vivido como un problema para ellos. Los trabajos  de Lee en las Islas de Salomón son por supuesto más elocuentes que mi corta estadía en la isla.  Historias similares se encuentran en grupos de aborígenes en Brazil y otras partes del mundo. Sin abusar del argumento cultural, es cierto que la privacidad no significa lo mismo en Tonga, Noruega o América Latina.

Licencia CC. Cŕeditos pjriccio2006

En nuestra tradición occidental derivada de la luchas liberales  en Europa, privacidad tiene un sentido bastante claro. Frente al Estado como dicen varías constituciones de América- «Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados»- (Art.10 Const. Uruguaya) y también algunas leyes regulan el derecho a la privacidad  en materia de los datos que recaba el Estado y privados, y que debe ser considerado  en principio sensible y privado. ¿ Es un paseo por Ciudad Vieja un acto privado finalmente? ¿ Y un paseo por el Parque? ¿ O por el micro-centro porteño o de la Ciudad de México?  Probablemente no, pero si ese paseo es combinado con técnicas de identificación facial como las que Facebook adquirió  y con acceso a toda la información que el Estado posee sobre mi ese paseo puede ser muy informativo para quien esté del otro lado de la cámara. Y si mis paseos son sistemáticamente analizados pueden decir mucho de mí, cosas que tal vez no quisiera compartir con nadie, como el médico que visite, si tenía un/a amante en algún rincón de la ciudad, o si tal vez, de forma ocasional, me gusta hacer arte urbano con algún spray. Las cámaras no son más que un reflejo de un fenómeno un poco mayor en el cual todos nuestros datos son recolectados por muchos agentes y no necesariamente estatales. Si usted usa mucho Facebook vaya sabiendo que ellos pueden predecir hasta sus preferencias sexuales en función de los «Me gusta» que generosamente usted entrega en su plataforma. La diferencia es que mientras finalmente el unirse a facebook es  un acto libre bajo ciertas condiciones donde usted elige un servicio, caminar por la calle es el ejercicio de su derecho a la libre circulación, el cúal por supuesto puede ser regulado por ley. La realidad es que la tecnología (en puridad, las tecnologías) han irrumpido de tal forma que es necesario re-definir nuestra privacidad, no solo frente al Estado, sino también al influyente sector privado a nivel global. Facebook, Twitter, Google son actores sumamente relevantes, pero también las firmas que proveen tecnología «de base» y por supuesto los operadores de esas tecnologías. Al discutir esta nueva visión de la privacidad debemos tener en cuenta que gritar histericamente porque el Estado respete nuestra privacidad, mientras entregamos de forma consensuada y sin ningún tipo de control los detalles más íntimos a compañías trasnacionales podría ser una gran disonancia cognitiva.    Por otro lado al perder parte de nuestra esfera privada también como sociedad ganamos algunas cosas, la habilidad es claramente identificar el límite.

2) Las callecitas de Buenos Aires…

En Balada para un loco, Piazzola y Ferrer nos invitan a recorrer Buenos Aires en los ojos de un loco un personaje lleno de misterio en las calles porteñas. La poesía de Ferrer empieza

Las tardecitas de Buenos Aires tiene ese que sé yo, viste?
Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí,
cuando de repente, detrás de ese árbol, se aparece él,
mezcla rara de penúltimo linyera y de primer polizonte en el viaje a Venus.

En un mundo de cámaras – probablemente dispuestas a lo largo de Arenales- este encuentro sería grabado. Posiblemente, en el mundo de la combinación de estas cámaras con estadística, datos abiertos y algoritmos  el encuentro tal vez nunca se dé. Posiblemente grupos de fuerza de seguridad (¿ privatizada?) del Estado llegarán rápidamente al encuentro del loco, y entonces al mejor estilo  de la película «Minority Report»el loco nunca se encuentre con Ferrer, y la balada nunca nazca. Aunque naciera, sería una balada y un paseo grabado por circuitos de seguridad públicos y privados. Se perdería la magia creativa ante la presencia de quien todo lo ve. Bentham pudo haber estado en lo cierto  «cuanto más nos mirán mejor nos comportamos» pero Bentham pensó eso acerca de quienes tenían poder en su tiempo, los servidores públicos y no los ciudadanos. Todos nos comportamos distintos frente a un dispositivo que graba nuestras acciones como cualquier periodista sabe cuando prende un grabador. Por supuesto para esto tiene que haber alguien mirando.  De la experiencia británica sabemos que no siempre las cámaras se miran y que no necesariamente el crimen disminuye.  Si sabemos que su uso en materia forense puede ser muy útil 

3) Poder

La crítica a la vigilancia y en particular a las cámaras  es sencilla de artícular. Al decir de un reciente artículo en Brecha La contracara: el voyeurismo, la hiperinflación de imágenes, y la convicción de que toda zona no vigilada por cámaras es insegura. Pero también como muestra Sasaki las cámaras han ayudado a periodistas y activistas a exponer fraude, la corrupción. Las cámaras así como otros artefactos son en mi opinión solo los instrumentos, son finalmente las ideas, las prácticas, los fines y las potencialidades responsabilidades las que determinan su uso.¿ Sería lo mismo para un oficial de gobierno revisar mi registro, si queda anotado que él lo vío? ¿ Y si yo me puedo enterar acerca de eso? ¿ Y si se sabe a ciencia cierta quien está detrás de la cámara? Al final de esta historia siempre se encuentra el poder. No necesariamente un solo poder, sino múltiples poderes en diversos centros y a diversos niveles. A nivel nacional, el Estado y sus agencias de seguridad son ciertamente un lugar donde empezar a discutir. A nivel internacional diversos foros en materia de Derechos Humanos pueden ser de ayuda a dar forma al uso concreto de ciertas tecnologías, así como a nivel de auto-regulación algunas empresas podrán finalmente hacer algo. La Web, otrora paradigma de libertad, también juega su creciente rol en cuanto a tecnología de vigilancia. Una nuevo lógica de «rendir cuentas por la información que se tiene» debería impregnar a quienes más información poseen sobre nosotros. Pero entender cómo se intercalan estos distintos ámbitos de regulación, necesitamos entender quien, qué y como afectara nuestra privacidad.

Hace ya 26 años se argumentaba que en el fondo la destrucción de la privacidad por las computadoras ayudaría a crear una sociedad más humana. Visiones más distópicas  implican que como en 1984  la privacidad puede estar muerta, o al decir del Presidente Mujica «va  a ser útil educar a la gente para vidas que se puedan volantear, no va a quedar otra que ser derecho». Puede ser, pero no todos tenemos el lujo de de ser «siempre derechos» y los espacios íntimos cumplen un rol trascendente en una democracia. En una era mediada por la tecnología debemos pensar que lo que regula los artefactos, y la inteligencia detrás de ellos sigue respondiendo a nosotros y las decisiones inevitablemente políticas que tomamos.

Este post fue inspirado por las discusiones que se llevan adelante en RightsCon y la fortuita coincidencia de este post de David Sasaki (en inglés) que recomiendo.

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La constitución, su reforma, y nosotros el pueblo

La hora de la reforma constitucional parece ir llegando al Cono Sur. Por ejemplo , Michelle Bachelet,  la reciente electa presidenta de Chile ha indicado su voluntad de avanzar una reforma, para dejar atrás la Constitución que le fue legada por la transición de la dictadura de Pinochet.

En Uruguay varios actores también pretenden reformas constitucionales. Por ejemplo, el Partido Colorado impulsa una modificación para establecer una baja a la edad de imputabilidad penal, el ex Presidente Vázquez ha indicado que se eventualmente se podría reformar la constitución, entre otras cosas por los  extensos tiempos electorales y recientemente el Diputado Felipe Michelini ha indicado que se requieren reformas de fondo en la Constitución uruguaya.

La realidad es que, salvando las chicanas políticas, Uruguay debería discutir una serie de temas de fondo sobre su constitución, particularmente en lo que se conoce como la parte «dogmática» de la misma (donde se establecen los derechos y garantías) y también en aspectos de diseño institucional. Algunas cosas que rompen los ojos son: reformas en el diseño institucional de varios organismos de contralor (accountability horizontal) del Estado, protección de nuevos derechos recientemente consagrados (como el acceso a la información pública, matrimonio igualitario, etc) pero también los que emergen de los nuevos desafíos del avance de la tecnología (privacidad y datos personales) así como los vinculados al medio ambiente y el derecho internacional  de los derechos humanos.  Muchos de estos aspectos requieren de un analísis fino, y no exclusivamente de abogados constitucionalistas, pues tradicionalmente las reformas constitucionales han dado lugar a singulares y perversas configuraciones en la forma de trabajo de las instituciones uruguayas, fruto de algún desatinado consejo legal.

Pero más allá del contenido, la pregunta clave es ¿ cómo participará la gente en las dos democracias más «maduras» de América del Sur? Si bien los partidos políticos tendrán sin duda un rol central, crecientemente las personas de a pie , no afiliadas a grupos partidarios quieren y pueden aportar a discusiones de este estilo. En Islandia, un pequeño  país nórdico en medio de una crisis financiera,, la ciudadanía  hizo crowdsourcing de una propuesta constitucional, elaborando una refinada versión de varios aspectos de su constitución con una participación de  cerca del 40% de los electores vía redes sociales como twitter y facebook. Recientemente en Londres, la LSE reunió, en una experiencia bastante  más limitada, expertos de todas las áreas para debatir la reforma de la «constitución inglesa». Las reformas constitucionales pueden hacerse  por muchos motivos,  algunos electorales, otros por graves crisis  e incluso por deseos de cambiar verdaderamente el acuerdo que cada sociedad plasma en su Constitución . Sea cual sea el motivo, «nosotros, el pueblo», deberíamos tener algo que decir en el proceso, más allá del voto.

¿ La Caja de Pandora?

(original   publicado en Brecha 30/11/2013)

Al igual que la apertura de la caja en el mito griego, la liberación de la información sobre los resultados de Secundaria ha causado toda clase de reacciones acerca de los posibles males que puede traer difundir información sobre el sistema. Entre ellos se listan la discriminación y estigmatización a centros y estudiantes y la supuesta ideología neoliberal que implica el uso de esta información.
Aquí quiero plantear un tema estructural para pensar seriamente sobre la transparencia en el sistema educativo. En primer lugar, la información pública no se produce ni se libera en el vacío. El contexto es importante para entender cómo se puede usar y para qué. En algunos sistemas educativos basados en el mercado –el más cercano es Chile– la información es clave para usuarios que deben pagar por su educación y buscar la mejor opción. Aun así, los recientes problemas con universidades y liceos en ese país demuestran que la información no obra milagros. Los mercados tienen fallas y la reducción de las asimetrías de información no necesariamente las resuelven. El mito del consumidor “iluminado” maximizador de resultados es simplemente eso, un mito.
En contextos centralizados y dominados por el Estado la información es concebida como insumo para la toma de decisiones por un grupo de personas que supuestamente tienen las capacidades para tomarlas en beneficio de los otros. El lema es: puede usted saber sólo aquello que nosotros queramos que usted sepa, por el bien de todos.
La liberación de la información sobre Secundaria podría haber dado razón a esta segunda tesis: la mayoría de la prensa hizo una correlación pura y dura entre repetición y calidad de la educación, algunos festejaron ser “el mejor liceo” mientras un canal de aire entrevistó a una madre acerca de sus sentimientos sobre el liceo de su hijo (el “peor” del barrio). Lo mejor sería no haber dicho nada.
El problema es que, como en la historia de Pandora, la información se ha liberado. Lo que queda por hacer es entender para qué se usa. La información por sí misma no trae desgracia vestida con un manto de neoliberalismo. Lo que trae desgracia (en este caso) es no tener más indicadores que permitan contextualizarla, y que los actores clave (alumnos, padres y profesores) puedan apropiarse de ella para discutir y mejorar la educación. Lo que trae desgracia es usar la información para un sistema de rankings con incentivos perversos que además de estigmatizar generan mercados disfuncionales. Lo que trae desgracia es que sólo una parte del sistema educativo deba (a regañadientes) ser transparente, mientras que el sector privado no lo es. El conocimiento y la información no operan en mundos neutrales. Lo mismo que su contracara: el secreto.
Las decisiones políticas que se tomen con respecto a la información pública en Uruguay afectarán qué tanto sabremos de ella, y qué podremos hacer con eso. La idea casi sacrosanta desde el Siglo de las Luces es que más conocimiento nos dará más poder para cambiar las cosas. Su defecto es que nunca se pregunta para quién y cómo, y cómo la información se transforma en conocimiento. Son buenas preguntas, que asumen que la información es parte de un juego más amplio y necesario si se quiere cambiar el estado de las cosas.

Acceso a la Información 2.0: Si lo construyes…

En el día de ayer culminó la tercera conferencia global en materia de  transparencia en Paris, donde presenté sobre el marco teórico de mi  investigación, así como un inicial trabajo empírico en materia de los  portales de acceso a la información pública como quesabes.uy. Varias preguntas surgieron sobre el uso de estos portales, y consecuentemente en  este post quiero resaltar cinco puntos clave sobre este punto.

1) La tecnología y su contexto

El correo electrónico no es nada nuevo, ha estado entre nosotros desde los  fines de los 60 y masivamente en los últimos 15 años. A comienzos del 2000 ya habían intentos serios de organizar la información a nivel  municipal para que fuera más accesible a la ciudadanía, así como de que la  ciudadanía pudiera pedir esta información vía correo electrónico.
Lo nuevo es otra cosa. Lo nuevo es la creación de un software abierto,  potencialmente adaptable a varias jursidicciones, y la creación de  comunidades online que permiten sostener esos portales, o de «heroes  solitarios» que permiten que estos portales funcionen. La interacción entre  las comunidades de software abierto o libre y los activistas más
tradicionales es lo que ha permitido el nacimiento de estos sitios en  varios países. Lo nuevo entonces es una forma particular de tecnología y  sus implicancias sociales, en particular para el acceso a la información.

2) Si lo construyes…¿vendrán?

Si. Una vez construido los sitios son utilizados, aunque cuantos usuarios tengan depende del grado de involucramiento off line y online que las  organizaciones tengan. Construir un sitio, no es garantía de que será usado, pero con recursos es posible que asi sea. El caso uruguayo lanzado  de forma voluntaria por DATA Uruguay en Alianza con la organización CAINFO es una muestra  de que sin financiamiento pero con perfil alto, puede atraerse demanda  hacia estos portales. Lo que estos portales no hacen es, sin estar  asociados a otros programas o acciones, es milagros para que las personas  ejerzan información pública. Tampoco hace milagros enfrentando los desafíos  de las administraciones públicas cuyas tradiciones administrativas afectan  directamente estos portales.

3) Si lo construyes ….¿valdrá la pena?

Una discusión creciente es si vale la pena construir estos sitios. Frente a  esto hay que diferenciar claramente dos escenarios: campaña vs. entrega de servcio.En escenarios de campaña, donde el derecho de acceso a la información no ha sido reconocido los sitios proveen de alta visibilidad al tema y dejan  evidencia de lo que las personas desean saber de su gobierno. En el caso español esto es notorio. En el caso uruguayo la presencia del portal sirvió  para legitimar el uso del correo electrónico como medio para pedir  información pública, algo no menor en el Siglo XXI, y en el contexto  latinoamericano relativamente escaso. El portal fue usado como elemento de  presión y campaña para avanzar un derecho, lo cual por supuesto conlleva  riesgos, y también consume recursos. Frente a la disyuntiva de en que  «invertir» el caso uruguayo, chileno y neocelandés reflejan que la  inversión dió como resultados diverso impactos positivos para el derecho al  acceso a la información.

En escenarios de entrega de servicios los portales también son tecnología  confiable, pues permiten una forma fácil y seguro de lidiar con los  pedidos. Sin embargo aquí es un escenario donde el derecho se encuentra  totalmente legitimado y lo que se busca es mejorar la eficiencia del proceso.

4) Si lo construyes y el gobierno construye uno…

Algunos gobiernos se han adaptado, construyendo sus propios portales como  el caso de Brasil y Chile. Sin embargo, INFOMEX ha existido desde mucho  antes, y explica parcialmente la ausencia de portales de esta clase en
México a nivel federal. El portal brasilero es otro ejemplo donde su  existencia ha desplazado parcialmente la demanda del portal inicialmente  creado por la sociedad civil. ¿ Debe entonces la sociedad civil dedicarse a otra cosa? En un contexto de  opciones binarias y donde todo el juego suma 0, la lógica indica que la  sociedad civil ya  ha hecho su trabajo, y el valor añadido es muy relativo. Finalmente el derecho se ha asegurado y esto no es una inversión valida. Mi posición es un tanto distinta,  por dos motivos: primero porque en el mundo del software no siempre existen  alternativas binarias, y segundo porque el software moldea la forma en que  se ejercen los derechos.

En el primer caso, el hecho que exista un portal implica, para fortuna de  los usuarios, que el gobierno está dispuesto a dar certeza sobre el procesamiento de  los pedidosinformación. Sin embargo esto no sustituye automáticamente  la forma en que eso se hace. El portal del gobierno no entra «en competencia» con otro portal, sino que se suma para promover la demanda. El  rol de los portales de la sociedad civil puede variar, pero si el gobierno  ha desarrollado el portal de forma que sea interoperable y abierto, esto  permite la interacción con software civico. La división de tareas se da de  una forma similar a otros campos: mientras el gobierno provee la  infraestructura la sociedad civil provee una forma de llegada más amigable  al derecho. El valor del Estado se encuentra en dar certeza, el de la  sociedad civil en entender a los usuarios. Los sitios son exitiosos en  tanto y en cuanto puedan tener usuarios y sean muy, un área en la cual Estado tradicionalmente no se destaca.

Un segundo tema, es que el «ownership» del software también cuenta. Si los portales tienen soporte ciudadano quienes solicitan información pueden tener apoyo para realizar sus pedidos, ese es el aspecto «social» de los mismos. Sin embargo, esta ha sido una debilidad de los sitios web (excepto en el Reino Unido y parcialmente en Nueva Zelandia) pues hacerlos más «sociales» es una tarea que trasciende la tecnologia y es en el fondo una nueva forma de organizar voluntarios en el mundo 2.0

Finalmente aunque el Estado lo construya, asegurar un buen funcionamiento requiere de la participación de los usuarios. ¿ Cómo se realizará la misma? En un contexto como el promovido por las iniciativas de gobierno abierto, la asociación Estado y sociedad civil  en funciones de entrega de servicios y también contralor, es clave.

 5) Si lo construyes ….¿quien lo sostiene?

Esta es la pregunta del millón para quienes trabajan en la sociedad civil y a la fecha el éxito depende de que tantos hombros (y dinero) puedan conseguir quienes lo utilizan. Construir estos sitios no es necesariamente caro, y sostenerlos tampoco tiene porque serlo, pero el esfuerzo debe ser en nutrir y mantener la comunidad de usuarios. Ahí si se necesita gastar dinero, o tiempo, o ambos. Necesitamos generar más conocimiento y evidencia acerca de cómo se construyen estos sitios y su sostenibilidad. La sobreventa de lo que los mismos pueden hacer es negativa, pero el decir que  son meramente una «linda página web» o un instrumento de campaña  es un error grueso.

En síntesis existen diferentes estrategias de como realizar estos sitios. Lo que ha cambiado dramaticamente es que construirlos no está ya en el poder de los gobiernos, y aunque el gobierno construya uno propio pueden haber sinergías positivas en tanto y en cuanto los roles estén bien delimitados. Si el futuro del acceso a la información en la era digital es por aquí, es aún debatible, pero mi impresión es que veremos más de estos sitios expandirse por el mundo. Donantes,  decisores de políticas y activistas deberían considerar las estrategias caso a caso, en función de los desafíos que enfrente cada sistema político.

Acceso a la Información: La reforma necesaria

La transparencia en Uruguay vive momentos complicados. A pesar la iniciativa como quesabes.uy es reconocida como ejemplos de innovación pública, la propuesta de reforma de la ley de acceso a la información sigue en pie en el Senado. Desde la sociedad civil hemos creado y acompañado la iniciativa www.declaracion.uy donde junto con otros colegas hemos puesto la voz de alerta, tanto por la versión de la norma inicial propuesta desde el Poder Ejecutivo, como por las modificaciones que sufrió en la Cámara de Diputados.

Versiones no confirmadas* inidican que el Senado ha retirado la normativa del proyecto y ha restitutido el proyecto original que provenía del poder Ejecutivo.  Esto es nuevamente una mala idea, pues  se trataba de una reforma parcial, que no contempla en su integralidad los problemas que tiene el acceso a la información pública en Uruguay. La solución es retirar esta propuesta por completo, y generar un ámbito de participación en el contexto de los procesos de gobierno abierto.

Sin embargo, y realizando esta opinión a  título personal de continuar con esta propuesta la misma necesita una serie de modificaciones importantes  para evitar serios retrocesos en esta materia en nuestro país:

Prueba de daño

La nueva legislación propone el establecimiento de lo que en la doctrina comparada en materia del tema se conoce prueba de daño. En sencillo esto indica que la autoridad debe considerar si el interés público se ve afectado, aunque la información caiga dentro de las excepciones previstas en la norma.  Por ejemplo no basta con que la información sea sobre seguridad nacional para negarla, sino que su eventual liberación, debe potencialmente afectar el interés público.

La actual propuesta de  norma dice:

La clasificación de la información reservada deberá realizarse por el sujeto obligado mediante resolución debidamente fundada y motivada, en la que se demuestre la existencia de elementos objetivos que permitan determinar la expectativa razonable de un daño al interés público protegido,

La propuesta adolece de falta de especificidad en lo que se entiende por «elementos objetivos». A nivel comparado el mismo problema se ha enfrentado en Mexico donde el organismo a cargo de velar por la norma debiero aclarar que el daño debería ser presente, probable y específico.   Consecuentemente debe añadirse esta especificación que permita dejar fuera de dudas, que se entiende por daño. Aún así no faltará la ambiguedad en la interpretación de la propuesta, pero permitirá una discusión centrada en el mundo de lo real, y no en las (creativas) hipotesis de daño que podría recurrir la administración.

Claisficación de información

La reforma propuesta pretende legitimar una práctica usual en la administración en materia de clasificación de información pública. Es decir cuando se recibe un pedido, el jerarca de turno decide si la información debe ser pública o no.  En un mundo ideal, esto debería haberse hecho hace ya un tiempo prudencial, pues la administración tuvo tiempo de adecuarse a la ley en materia de clasificación de archivos y de información. Legitimar esta práctica tiene un riesgo importante en términos de forzar a la administración a cumplir con su deber, pues finalmente siempre podrá clasificarse «en el acto de pedido». La norma trata de subsanar este proceso de la siguiente forma:

En este último caso, la resolución fundada que disponga la clasificación de la información deberá remitirse en el plazo decinco días hábiles a la Unidad de Acceso a la Información Pública, la que en ejercicio de su cometido de control, ordenará su desclasificación si la misma no se ajusta a lo dispuesto en el presente artículo

Esto es un error. Por un lado a Unidad de Acceso  a la Información Pública (UAIP) solo puede recomendar no ordenar a nadie clasificar o no clasificar información. Esto es así por la ubicación insittucional de la Unidad en la Presidencia de la República, por más independientes que sean sus miembros, y desconcentrado que sea el organismo. Imaginemos que el día de mañana el Poder Judicial declara cierta información reservada en el acto, y una Unidad, ubicada en el Poder Ejecutivo le ordena desclasificarla ¿ No sería algo bastante contraintutivo? Sin embargo la  propuesta de norma tiene su historia. En el transcurso de la aplicación algunos organismos han indicado que la Unidad no tiene potestad** para clasificar información, lo cuál es un argumento bastante debil. La UAIP controla el cumplimiento de la ley, consecuentemente por más que no se indique a texto expreso en la norma, tiene potestades para decir que información debe ser clasificada como tal. No creo que sea necesario recurrir a la «doctrina de los poderes implícitos» en el mundo del derecho administrativo para sostener lo obvio.

La excepción planteada y las Empresas públicas

Gran parte de este revuelo por la ley nace del pedido de varias empresas públicas de que «frenen la mano» con esto de la transparencia. La exposición del diputado del MPP Alejandro «Pacha» Sanchez es más que elocuente sobre  el tema. Sanchez hizo notables citas al economista Joseph Stiglitz sobre el «poder lobby»*** y como estas leyes afectan a las empresas del Estado.  Y en parte de esto le asiste razón. Las leyes de acceso han cambiado la forma de gestión de las empresas públicas  y para esto existe una excepción que justamente fue creada para su defensa. Esa excepción se encuentra disponible, y simplemente debe usarse. La actual excepción propuesta (más la propuesta que el propio Sanchez hizo en la cámara) no impiden la molestia de los Entes Autónomos

La propuesta dice que podrá no entregarse la información en caso de que  se pueda:

 

G) Afectar procedimientos de control, evaluación, investigación o deliberación de los

sujetos obligados, hasta que sea adoptada la decisión respectiva.

Imaginemos que como parte de un pedido de acceso , solicito a ANTEL todo los costos de planificar ANTEL  Arena, luego de  evaluada la decisión ¿ Deberían darme esta información? No necesariamente pues podría afectar su posición frente a otras empresas, aunque solo leyendo esta excepción, si deberían hacerlo porque ya han tomado la decisión. Instaurar esta excepción es peligroso, pues buena parte de las actividades de la administración consiste en controlar, evaluar, investigar y deliberar. Por ejemplo prevenir el acceso a documentos de evaluación de impacto ambiental, impide un debate más informado sobre temas de interés para todos.  El prevenir el acceso al próximo operativo de la dirección de Aduanas en materia de contrabando es algo que la norma actual ya cubre, tal como potencialmente la marca de los chalecos antibalas que usa la policía ****. El tiempo en el cual se toma la decisión no es igual para todo los casos. Como indica este editorial del Ombudsman en Nueva Zelandia esto es un tema delicado. Si realmente existe necesidad de proteger ciertos documentos en el gobierno, tales como borradores o material de analísis por un período prudencial, entonces deberíamos discutirlo con todos los involucrados y no pasar una resolución puenteando todo los órganos consultivos en la materia. Hacer las reformas mal implica que en el fondo más filtraciones saldrán a la prensa informalmente, algo que asumo los defensores de la norma procuran también evitar.

Reformar en serio

Reformar en serio, es básicamente cambiar la institucionalidad que hoy rige el derecho al acceso a la información en el Uruguay. Si la idea de un Ministerio de Justicia prospera, implica trasladar a la UAIP a esa órbita y darle los poderes que corresponda  a un Comisionado Administrativo de Acceso a la Información, como es el caso del Reino Unido, o hasta un cierto punto el del Consejo para la Transparencia en Chile. Reformar más seriamente esto implicaría la creación de un organismo independiente fuera del Ejecutivo como el caso mexicano para lidiar con este tema. Lo que es reformar de forma poca seria, ya lo ofrece este proceso de rendición de cuentas, donde discutimos temas clave a los gritos, apurados, entre cientos de artículos aspectos claves para nuestra democracia.

* La pagína del Parlamento no se encuentra actualizada cuando este post se está escribiendo

** Existe un trabajo de abogados del BCU argumentando en esta línea pero el mismo se encuentra publicado en una revista electrónica de formato cerrado, no puedo referirlo en este blog

*** La argumentación del Diputado Sanchez omite notables trabajos de Stiglitz sobre acceso a la información pública como esta exposición en Oxford

**** La discusión sobre que potenciales delncuentes pueden a través de la ley de acceso acceder a las especificaciones de la policia sobre sus chalecos anti-balas fue referida por miembros del gobierno y la oposición durante el debate en diputados. Sin mencionar la situación específica del Ministerio del Interior, los delincuentes tienen formas mucho más específicas y eficientes de acceder a esos datos que a través de una ley de acceso.

Gobierno Abierto y la lógica maniquea

En un reciente evento en Buenos Aires el activista  Alvaro Vargas Llosa*  afirmó que el Gobierno Abierto podía ayudar a América Latina, exponiendo la verdadera situación de la región. Vargas Llosa afirmó en su presentación que el Gobierno Abierto era una nueva herramienta de la política exterior norteamericana para influir al mundo y la región en épocas del multilateralismo. A su vez, Vargas Llosa indicó que la publicidad de rankings y otros instrumentos pueden exponer lo que pasa en países como Ecuador, Venezuela y la propia Argentina.  No es el primero en decirlo, de hecho el comentarista David Eavessugirió que una nueva lógica geo-política se habría instalado entre los países «Abiertos y Cerrados».  

Las discusiones sobre geopolítica no son mi fuerte pero encuentro varios problemas con el argumento de Vargas Llosa (y en general con todos los argumentos de corte buenos vs. malos, abiertos contra cerrados, etc). Si bien los Estados Unidos han tenido que repensar su estrategia con América Latina (particularmente, desde que dentro de Estados Unidos los latinos han ganado mucho peso político)  y el continente se ha volcado hacia la izquierda,  la realidad es que el otro lider de la iniciativa de gobierno abierto fue Brasil. Brasil ha sido uno de los principales motores de esta agenda en los primeros tiempos, y reducir el rol que Dilma Roussef  ha jugado en esto, sería bastante  injusto.

El segundo problema no menor es que asumir que esto es un intento de influencia del poder «blando» de Estados Unidos en la región, es no reconocer que la misma ha vivido una larga lucha por conocer la verdad histórica, así como ampliar los derechos humanos y recuperar espacios democráticos. No todo ha salido de maravilla, pero las fuerzas que pedían gobiernos más abiertos, pre-existían a esta alianza y venían de tiendas políticas bastante dispares

En tercer lugar , el gobierno abierto desnuda a todos por igual. En este excelente post  Jennifer Hoezler, ex miembro del staff del Senador Ron Wayden (uno de los pocos que ha estudiado en sero el tema de la vigilancia online en los Estados Unidos) analiza en bastante detalle las miserias de la Administración Norteamericana. O este post de  Nat Heller de  Global Integrity, donde la pregunta clave es hasta donde puede realmente ser abierto un gobierno en los Estados Unidos. La administración de Obama ha perseguido a la mayor cantidad de  servidores públicos que han denunciado irregularidades «whistle blowers» y la Sunlight Foundation ha expuesto varios problemas del dinero y la política norteamericana.

Si el plan era «ayudar» al mundo, el gobierno de Estados Unidos parece haberse disparado en el pie, pues ha dado lugar a que una compleja red de actores demande más accountability de su propio  gobierno. Sería ingenuo pensar que todo es color de rosas en el gobierno abierto. Países como China y Rusia (por nombrar en términos geo-políticos dos pesos pesados) no se han unido a este movimiento. Sin embargo más allá de los limites macro, China ha impulsado una serie de reformas buscando contener la corrupción e incentivando la rendición de cuentas social.  En todos lados, se cuecen habas.

El gobierno abierto, en su estado de debate actual, nace de cambios más estructurales en el proceso de globalización, y dista mucho de ser un nuevo intento de «ganar mentes y corazones» en el exterior. En contexto, las iniciativas de gobierno abierto significan cosas distintas en Uruguay que en  Estados Unidos o Honduras Siempre por supuesto habrá personas e instituciones pensando en la «gran política del gobierno abierto» y en como influir más en una región u otra.   Y  por supuesto habrá quien quiera capitalizar esto  como un logro político de uno u otro partido político, de derecha o izquierda. En un mundo de relaciones cada vez más complejas, esas estrategias tienen resultados poco seguros, y parecen simplificaciones peligrosas. Por lo pronto, en temas de gobierno abierto hay muchos estudiantes, y pocos en condiciones de dar catedra.

* Yo asistí al evento, organizado por la Ciudad de Buenos Aires, pero debí retirarme previamente a la exposición de Vargas Llosa

La defensoría y su defensa

Uruguay inauguró recientemente su Defensoría del Pueblo, que es a la vez Defensoría e Institución Nacional de Derechos Humanos. La concreción de la idea y el nacimiento no fueron procesos fáciles, pero han demostrado, nueves meses después,  logros importantes. Lidiando ya con 234 denuncias y en un proceso de consolidación el Ombudsman uruguayo ha comenzado a recorrer su historia.

Parte importante de la misma pasó hoy y por suerte me encontraba en Uruguay.Asistí a la primera Asamblea Nacional de Derechos Humanos, una instancia de consulta  obligatoria con la sociedad civil donde la Defensoría busca por un lado rendir cuentas, y por otro escuchar las voces de la ciudadanía.  A sala llena en el Anexo del Palacio Legislativo me gustó  lo que ví: representantes de una sociedad civil diversa y pujante deseosa de un espacio de participación real.  En el salón estaba desde las juventudes de Cristo, hasta el colectivo Ovejas Negras, conocidos por su defensa del matrimonio igualitario.  Habían feministas, comunicadores, ambientalistas, abogados, miembros de la tercera edad, defensores de los derechos humanos y víctimas de la dictadura, políticos de todos los partidos.

Para quienes alguna vez cuestionaron la necesidad real de esta clase de instancia, la evidencia es demasiado fuerte: Uruguay tiene una sociedad civil diversa, que hasta la fecha no tenía forma de canalizar sus reclamos.

La figura del Ombudsman es en Uruguay una gran innovación pues pone en manos de las personas comunes una herramienta de fácil acceso y eficaz para ser oído frente a  lo que se considera una injustica. En este caso, a diferencia de otras figuras en América Latina, es un órgano colegiado.

Para un país cómo Uruguay es buena noticia tener esta clase de instituciones funcionando. Como he sostenido en otros lugares, los argumentos economicistas contra esta clase de instituciones no se sostienen si se consideran lo que están brindando, que es en el fondo mejores instituciones públicas donde todo sistema económico funciona.

Los Ombudsman juegan un delicado rol en un sistema democrático.  En un reciente taller que desarrolé junto a colegas en Nueva Zelandia, con ex Ombdusman y actuales Ombudsman de diversos países vimos de cerca el verdadera desafío de estas instituciones: construir  su legitimidad y eficacia.

El juego entre legitimidad y eficacia está dado por la forma en que el Ombudsman es nombrado, y por el éxito de sus recomendaciones.  El éxito de sus recomendaciones es lo que determina la viabilidad de la institución. De ahí que a nivel comparado las instituciones exitosas sean minuciosas en la emisión de sus dictámenes, y recurren a ellos al final de un  pautado proceso. También debido a mi trabajo he visto lugares donde los Ombudsman significan la diferencia entre la vida y la muerte de personas, y la última línea de protección frente a sistemas judiciales corruptos y partidos políticos que buscan bajo cualquier pretexto removerlos.  El rol nunca es cómodo pero en algunos lugares adquiere ribetes heroícos. En Uruguay no falta quien en el sistema político, por ahora «sotto voce», critique la necesidad de esta clase de instituciones de rendición de cuentas horizontal, lo cuál es un fenómeno regional: al poder no le gusta el control.  Estas instituciones son y siempre serán molestas para el poder: ese es su trabajo.

Queda por saber a nivel comparado sobre que realmente hace eficaces a estas instituciones en la protección de los derechos humanos, pero una sociedad civil organizada, redes internacionales de trabajo y capacidad institucional adecuada parecen ser elementos esenciales para su éxito. También el Ombudsman puede potencialmente contribuir a procesos en busca de gobiernos más abiertos , en tanto y en cuanto las condiciones de su participación en estos procesos sean claras.

 Por lo pronto la defensoría uruguaya ha comenzado con buen pie llamando a esta Asamblea.  Los  defensoría se ha encontrado con sus defensores.

Breves: De todo como en botica

La verdad he tenido poco tiempo de postear sobre un montón de cosas interesantes que han pasado en América Latina en temas de transparencia. Aquí algunas

a) En Uruguay se lanzó el portal www.quesabés.uy de la mano de DATA y CAINFO, apoyados por la UNESCO. El portal basado en el software libre alaveteli permite realizar a los ciudadanos pedidos de acceso al a información pública. Aquí realizo un análisis de los comienzos, y aquí una entrevista dada al diario francés OWNI sobre el tema

b) También en Uruguay se realizo una conferencia internacional sobre privacidad donde el tema transparencia estuvo bastante presente. Aquí el programa con invitados como Javier Ruiz, David Banisar entre otros

c) En materia de datos abiertos la fundación chilena Ciudadano Inteligente viene organizando con otras organizaciones en la región un hackhaton de datos. Aquí un buen artículo de Juan Arellano en global voices

d) Para sostener el esfuerzo a nivel local, el gobierno uruguayo viene lanzando dateidea.uy, a los efectos de que desarrolladores puedan continuar con lo que han empezado a nivel local en materia de datos abiertos.

e)  En este blog de la OKFN Guillermo Monecchi explica el fenómeno de los datos abiertos y sus múltiples vínculos con los servicios en las ciudades.

f) En Nueva Zelandia (donde estoy ahora) se está desarrollando la Conferencia de Instituto Internacional del Ombudsman , donde  se discutirá como estas organizaciones básicas para la protección de los derechos humanos han avanzado hasta ahora. Junto con Rob Laking de la Universidad de Victoria estamos coordinando un evento sobre que puede hacerse para tornar a estas instituciones más efectivas y que desafíos existen en temas de rendición de cuentas. Prometo postear sobre esto en breve

Transparence s’il vous plaît

Recientemente  la organización RegardsCitoyens y el Science Po de Paris organizaron una conferencia sobre apertura de datos legislativos.  Presenté parte de un trabajo que escribimos con Silvana Fumega sobre datos abiertos en América Latina, y a su vez parte de mi trabajo sobre transparencia parlamentaria.

Dos preguntas, me quedaron luego del evento  y ¿ Que implica tener un Parlamento transparente? y ¿ Quien controla al Parlamento y cómo lo hace?

Empezando por el principio, tal vez convenga decir  lo que no es un Parlamento transparente. Un parlamento no transparente es aquel que los votos de sus miembros no son conocidos por el público, que existe poco o nulo acceso a las actas de las sesiones y donde no existe registro de asistencia de los legisladores. También es un Parlamento que publica sus  documentos en formato poco amigables , y cuya estructura de comunicación es simplemente de una vía.  Si el lector es de algún país del América Latina, ya sabe de lo que le hablo, no hay porque sentirse en soledad, pues por ejemplo en Francia la situación es bastante similar. Recientemente varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el NDI y la Red de Transparencia  Legislativa  lanzaron una proclama para definir que es un Parlamento transparente a nivel global, a los efectos de generar estándares claros.

La segunda pregunta, que debe preocupar a más de un legislador es :¿Porqué se controlaría al Parlamento y quien lo hace?  Suena evidente que el Parlamento debe rendir cuentas a la ciudadanía, pero algunos países lo hacen de forma más clara que otra. En las tradiciones anglosajonas la idea de que los representantes deben rendir cuentas a su distrito es bastante fuerte, y fuerza a los legisladores a sostener reuniones semanales con sus votantes. El sistema electoral y su tradición les impone este modo de actuar. En América Latina la mencionada tradición no está tan arraigada, y muchas veces el sistema electoral no provee los incentivos para que los actores exijan saber exactamente que hace el Parlamento, y cómo lo hace. Consecuentemente es la sociedad civil quien de forma creciente se ha venido organizando en redes para el control del Parlamento. La causa del control, posiblemente se encuentre en la desconfianza que alguna de estas instituciones generan.

La idea detrás de un Parlamento y  de sus miembros es que son respresentantes del pueblo lo que es un ideal noble. Pero a los representantes les gusta más representar, que rendir cuentas, y existe entre muchos de ellos (independientemente de los partidos) una suerte de «espíritu de cuerpo» en donde ciertos privilegios y formas de trabajo que derivan de la falta de información pública resultan convenientes. Consecuentemente cualquier intento de control es calificado como para «la tribuna» o de personas que no entienden «la alta política». Esto es claramente una defensa pobre. Hace largo rato que la mayoría de las decisiones claves de los países no se toman en los Parlamentos, y existe creciente evidencia de que la institución precisa reformarse para ser más representativa, pero sobre todo más relevante.

Además el impacto de la tecnología hace que crecientemente ocultar información sea simplemente imposible. Algunos parlamentarios les gusta pensar que todavía tienen el poder de ocultar datos, o de jugar a que manejan secretos de estado con información que todos deberíamos saber (incluyendo lo que votaron). Sitios como trabajan para tí o o el látigo público permiten rapidamente saber quien es quien en las votación. Irónicamente mucho de estos datos son usados por los propios parlamentarios para luego tener insumos en sus discusiones. Uno de los momentos más cómicos del evento fue cuando el hacker uruguayo Alvaro Mourinho  contó el proceso de cómo en el contexto de un evento regional de uso de información pública, él y su equipo lograron acceder a la base de datos entera del Parlamento Uruguayo, exponiendo de forma significativa una falla de seguridad. Pero más allá de esa falla, lo difícil para ellos fue trabajar con la información generada. No se podía saber ni a cuantas sesiones iban los diputados, ni un claro proceso de cómo se realizan las leyes entre algunas otras cosas.

El desafío de la transparencia para los parlamentos  ha llegado para quedarse, lo quieran o no. Pueden tratar de ocultar información, pueden no registrarla, pueden en definitiva usar un montón de artilugios para mantener su forma actual de trabajo. El problema con eso es que la primera víctima serán los parlamentos. Los parlamentarios podrían ver en esto una oportunidad para mejorar sus instituciones y la forma en que hacen política. Por supuesto, se dice mucho más fácil de lo que se hace.

Paso la piedra y no la recibo

Este es el título del artículo que publiqué en el blog Razones y Personas sobre la situación de inseguridad que vive Uruguay (la cual también se basa en falta de información fiable sobre la actividad delictiva). Otro caso donde la transparencia a veces puede hacer una diferencia en la política. De todas formas, el núcleo del artículo es acerca de como deben proceder los lideres políticos frente a temas complejos, y no meramente dedicarse a  esquivar la culpa.