Manual de Periodismo de Datos

¿ Cuál es el futuro del periodismo? Para muchos periodistas es una pregunta difícil, y para algunos medios de comunicación (notoriamente la prensa escrita) Internet solo les ha traído malas noticias, al haber cambiado dramáticamente su modelo de negocios.

Pero los cambios también traen cosas buenas. Con la llegada de un mundo de datos, aparece la posibilidad de investigar con ellos, lo que se ha denominado periodismo de datos o en inglés “Data Journalism”.

¿ De que va esto? El periodismo de datos sigue siendo periodismo “de la vieja escuela”, pero con un giro más tecnológico. La gran cantidad de datos que existen en internet permiten contar historias de formas más ricas, cruzar datos de diversas fuentes, y consecuentemente tener mayor poder de análisis y causar más impacto.

¿ Y cómo se hace? El reciente manual sobre Periodismo de Datos busca dar una respuesta a esta pregunta (full disclosure yo escribí junto con gente bastante más talentosa que yo ésta sección)  El manual se realizó en un fin de semana en el festival de Mozilla en Londres, .y posteriormente fue editado por el equipo que organizó el trabajo de la Open Knowledge Foundation  y el Centro Europeo de Periodismo, que tuvo más de 70 contribuyentes. Aquí pueden ver una buena cobertura del evento realizado por la periodista italiana Federica Cocco. El manual se encuentra en inglés pero  ya hay equipos de trabajo preparando su traducción a diversos idiomas, incluido el español.

¿ Y que tiene que ver esto con el acceso a la información pública?  Mucho, básicamente porque para hacer periodismo de datos se requiere grandes cantidades de información pública, no solo para contar la historia, sino también para dar contexto y ayudar  a visualizar los problemas.  Mucha de la información que se requiere debe estar en formatos adecuados (abiertos) para poder ser utilizada, pero lo más importante es que este disponible. Las leyes de acceso a la información pública son claves en este proceso, así como la aparición de la agenda de datos abiertos, vinculadas a estas leyes. Estas regulaciones son básicas para poder realizar esta nueva clase de periodismo

En América Latina, La Nación DATA , el equipo de Poderopedia han dado muestras de que es posible hacer esto, y que medios tradicionales y no tradicionales pueden avanzar en el uso de estas herramientas y esta  nueva forma de hacer periodismo.

Obviamente, en mi opinión, la tarea sigue siendo periodismo. Las formas cambian, las nuevas tecnologías requieren habilidades distintas,  y una nueva forma de trabajo más colaborativa, pero rigurosidad, una ética de trabajo y creatividad seguirán distinguiendo a los buenos periodistas, tanto ayer, como en la era del periodismo de datos.

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Resúmen del OGP día 1

Es díficil escribir a la 1 de la mañana tras un día bastante agitado en la primera reunión de la alianza para gobierno abierto, pero siento que es un deber para la gente que no ha estado aquí y ha seguido con entusiasmo esta agenda vía twitter u otras redes sociales. Lamentablemente la conexión de internet ha sido muy mala y eso nos ha impedido a muchos enviar información en tiempo real.

Así que aquí va un resumen de lo que he experimentado el día de hoy:

Apertura

La ceremonia principal estuvo a cargo de la Presidenta de Brasil DIlma Roussef  y de la Secretario de Estado como principales oradores. También estuvieron el Presidente de Tanzania, el Primer Ministro de Georgia,  el ministro del gabinete británico Francis Maude entre otros. En los discursos de apertura predominaron las buenas intenciones, los mensajes de buena voluntad en materia de transparencia y acceso a la información y en el caso de la Presidenta Roussef una fuerte tendencia a relacionar la transparencia con lógicas de gestión pública. No deja de ser impactante el rol que la geopolítica juega aquí y el fuerte mensaje que implica que los Estados Unidos de América y Brasil esten liderando este proceso. También Roussef mencionó la necesidad entender el gobierno de formas distintas y más colaborativas.

Paneles

La actividad de los paneles implicó agrupar a gobierno y sociedad civil en una misma mesa, y eso ciertamente fue un experimento entretenido. En el caso de América Latina los gobiernos presentaron sus planes mientras que la sociedad civil respondió a los mismos en términos generales. Mientras los gobiernos defendieron en general el cómo habían elaborado sus planes, la sociedad civil manifestó que se necesitaban mejores procesos, y en particular consensuar los planes. En general existió acuerdo en mejorar los procesos de consulta. Mi sensación es que ciertamente queda un largo camino de entendimiento entre estas partes, así como de explicitar diferencias. Este proceso es compartido y eso significa nuevas formas de colaboración y posiblemente de administrar conflictos.

También asistí a la feria de innovación y a un evento sobre portales Open Data. Los portales de Open Data robaron buena parte de la discusion. Brazil, Uruguay y otros países en la región han comenzado a trabajar en este tema, aunque el modelo aún no está claro.

Desafíos

Si algo quedó claro de este primer día es que van a quedar muchas cosas por resolver, y muchas de esas serán políticas. Existirá un punto en donde gobierno y sociedad civil podrán estar de acuerdo, pero luego posiblemente deberán tomar distintos caminos. Un ejemplo típico son las normas de probidad para servidores públicos en varios países de América Latina, así como la implementación de varias leyes de transparencia. Otra situación a resolver es como los órganos garantes participan en este proceso. La disyuntiva no es fácil, y como refleja el caso de México la misma puede mostrar una tensión existente. México solo vino a este evento representado por su órgano garante y la sociedad civil. También la sociedad civil deberá decidir como monitorea este proceso, y se suma a él.
Otro desafío evidente es como vincular las agendas de datos abiertos con transparencia y acceso a la información. Existe aún una brecha entre las distintas comunidades trabajando en este tema.

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Alianza para el Gobierno Abierto: Brasilia 2012

El próximo 17 y 18 de abril, se darán cita en Brasilia gobiernos, activistas, empresarios y académicos trabajando en temas vinculados a la transparencia, bajo la consigna de obtener un gobierno abierto. El evento tiene una agenda bastante cargada,  y varios países de América Latina estarán representados por sus gobiernos y miembros de la sociedad civil. Incluso algunos gobiernos que aún no participan directamente de la iniciativa, están enviando representantes.

El evento promete generar nuevas dinámicas en las que el gobierno y la sociedad civil comiencen a llevar adelante iniciativas para transparentar sus gobiernos, aunque este trabajo no viene siendo fácil. Los procesos de consulta han resultado bastante complejos, y no necesariamente han sido constructivos, sumado a que existe una gran confusión en torno a exactamente que involucra el participar de esta Alianza.

Para países con sociedades civiles débiles o pequeñas este evento puede llegar a servir como un foro que les de más “leverage” frente a sus gobiernos, aunque eso también dependerá de la estructura que tome esta nueva iniciativa, y de cómo se realice el seguimiento de la misma. La discusión se puede seguir vía múltiples medios. En lo personal trataré de twitear desde la conferencia, que promete ser dinámica y desafiante.

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El que quiere Celeste, que lo muestre : Los CVs de los gobernantes (y aspirantes) deben ser públicos.

En un reciente comunicado, CAINFO Uruguay alerta sobre la discusión que se ha dado en el Senado de la República  sobre el nombramiento de las personas que integrarán el llamado Instituto Nacional de los Derechos Humanos, una especie de Ombudsman que Uruguay se apresta a crear. La creación de la  institución es positiva, pero la forma en que se propone nombrar a sus miembros  tiene algunos bemoles, lo que demuestra la orfandad conceptual que hay a veces en temas de transparencia. El procedimiento de postulación ha sido abierto (otra buena noticia) pero si el lector y yo podremos enterarnos de quien se postuló y de sus meritos, ya es otra historia. La decisión es relevante porque como varios legisladores indicaron, se trata de una institución nueva en el país, que requiere de la mayor legitimidad posible,  el objeto de su función. Cómo nacen las instituciones importa, y mucho más aquellas que velan por valores clave, de ahí que cómo se construyen deba ser visible a toda la sociedad si es que se quiere alcanzar cierto éxito en su funcionamiento.

En la Comisión especial de Derechos Humanos de la Asamblea General  se expusieron sintéticamente cinco posiciones: la de brindar toda la información sobre el proceso (Constanza Moreira, FA-MPP), la de no brindar la información pues vulneraría la privacidad de los individuos (FA-PS) la de esperar que alguien los reclame y que lo determine la justicia (Pedro Bordaberry-PC), la de solicitarle autorización a los interesados ( Puig-FA)  y la de, debido a la circunstancia especial, brindar parte de la información al final del proceso ( Ivan Posada, PI).

¿ Es deseable que sepamos quien se postula a estos cargos y quien los postula?  Saliendo de un análisis estrictamente legalista la respuesta es sí . La mayoría de los países  medianamente serios tienen procesos de escrutinio público para la nominación y selección de candidatos  en cuál los legisladores participan pero no son los únicos actores.  Fortalece a la democracia y al propio parlamento hacer sus procesos transparentes y claros.

¿ Se debería dar toda la información sobre los candidatos ? Durante el debate los legisladores de todos los partidos propusieron soluciones “intermedias”, en donde por ejemplo se planteó dejar los CV a disposición por si alguien los quiere ver (y así no colgarlos en Internet), solo dar algunos datos y no todos, incluyendo quien postula o no al candidato, así como algunas cuestiones referidas cómo brindar los datos.   Existen límites razonables para no dar la información sobre los candidatos y uno posible es la llamada “privacidad” o “intimidad” de los candidatos ( términos se usaron como intercambiables en la sesión, pero no son lo mismo). Hay ciertos datos que por ejemplo no sería deseable conocer en ningún proceso de selección, tales cómo su orientación sexual, el tipo de sangre que lleva, su orígen étnico, el tipo de comida que le gusta entre otros ejemplos. Pero donde trabajó la persona, cómo lo hizo, cuál es su formación, que apoyos tiene para presentarse a un proceso de este estilo, en definitiva, una hoja de vida, no debería ser considerado información reservada bajo el argumento de privacidad. La privacidad es de por sí un concepto limitado, y para quienes deciden ingresar en la árena pública ese concepto se recorta aún más.   No es que por ser una persona pública no se tenga derecho a la privacidad ni mucho menos, pero es asumir que al ingresar en la esfera pública, por propia voluntad como en el caso de los gobernantes, se asumen ciertos deberes que fuerzan a exponerse más.

¿ Cómo se soluciona este problema? En general este problema admite 4 posibles soluciones :

1. Liberar toda la información ahora. De esta forma la Comisión mostraría su accionar y los posibles candidatos serían conocidos por toda la población formalmente. A su vez la Comisión ahorraría un problema práctico como el que Stiglitz llama “interes especiales” o mejor conocido en el contexto uruguayo cómo filtraciones selectivas a la prensa, que en el fondo permiten desinformar más sobre el proceso. Si existen ciertos reparos por la “privacidad” de los candidatos (me cuesta creer que alguno no sea ya una persona que trabaje en el ámbito público) entonces deberían ser notificados de la decisión y ofrecerles retirar su candidatura. Pero debemos ser claros: el principio es la publicidad, más allá de su voluntad individual.

2. Liberar la lista de candidatos propuestos con sus apoyos (o ausencia de ellos)  y posteriormente los criterios que seguirá la Comisión en términos de evaluación.Culminado el proceso de selección liberar la información de todo el proceso , incluyendo pero no limitándose a todos los CVs presentados, los criterios de decisión de la Comisión, y la justificación de la elección de las personas que vayan a ocupar estos cargos.

3. Hacer opaco el proceso y esperar un pedido judicial. Esto además de ser más costoso en términos de tiempo sienta un muy mal precedente.

4.Según su última acta la Comisión parece haber optado de vuelta por un criterio ecléctico en el cúal cuando se discute sobre los nombres se debe “tener cuidado” y no anotarlo en la versión taquigráfica. Esto es un error, y la Comisión se ha perdido de hacer uso de una causal de reserva. Las discusiones sobre porque se elige un candidato y no otro perfectamente pueden ser reservadas, pero nunca no anotadas.  Si la causal de reserva llevara por ejemplo a tener esos archivos “sin acceso”  por el máximo plazo legal, sería discutible sin duda, pero al menos  sabríamos que fue lo que pasó en la Comisión y que criterios se usaron-

El debate indica algo que los legisladores parecen no haber tomado en cuenta. Por un lado las excesivas preocupaciones por la privacidad en los cargos públicos generan altos niveles de opacidad, y minan la confianza en las instituciones que van a crear. Quienes deseen ocupar cargos públicos deberían empezar a entender que por el honor , retribución y ciertos privilegios que los cargos conllevan, también hay costos, entre ellos estar expuestos a la opinión pública. Como dice el refrán local adaptado: El que quiere celeste, que lo muestre.

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Una respuesta a AGESIC : consulta sobre Gobierno Abierto

En un post anterior, había realizado una serie de recomendaciones sobre que se podría incluir en la llamada Agenda de Gobierno Abierto en Uruguay. A su vez, junto con mi colega Silvana Fumega, hicimos algunas reflexiones sobre la necesidad de promover más participación y procesos de consulta pública en este tema, algo que no es necesariamente común en Uruguay, y en América Latina.

AGESIC (La Agencia para el Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información) tomó el guante y en consulta con la organización  CAINFO y su grupo de trabajo (que integran la propia AGESIC, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministeria de Economía y Finanzas, y el Ministerio de Relaciones Exteriores) comenzaron una consulta pública que cierra hoy. En este post voy a responder al documento de AGESIC, a nombre propio y habiendo consensuado parte de los contenidos con DATA, una reciente organización creada en Uruguay para trabajar en datos abiertos, transparencia y acceso (más sobre esta organización en futuros posts)

1. Sobre la consulta pública

El hecho de que AGESIC experimente realizar la consulta, en un formato transparente, permitiendo los comentario del público en la página, así como el hecho que posteriormente publicará los materiales enviados es ciertamente una buena noticia, y algo que tiene pocos antecedentes en Uruguay. Aunque el plazo sea relativamente corto, y se pueda mejorar posiblemente el proceso en futuras consultas, es un avance positivo.

2. Sobre los esfuerzos realizados hasta ahora:

AGESIC cita en su documento una serie de esfuerzos realizados hasta ahora, que son la aprobaciòn de la ley de acceso a la información pública, la aprobación de la ley de datos personales, y la aprobación de la ley 17060 (normas de integridad pública), y sobre alguno de estos puntos realiza compromisos específicos (sección del documento aumentar la integridad pública)

En particular sobre estos puntos surgen al menos 10 asuntos que deberìan ser incorporados:

1. La especificación de que el derecho al acceso a la información puede ejercerce vía medios electrónicos, y que los organismos deben proveer la lista de correos electrónicos oficiales y constancia de la recepción de pedidos de acceso. Esto no necesariamente requiere una ley ya que una interpretación amplia de la actual ley de acceso y su regulación (más un poco de sentido común) lo hacen posible. Pero existe evidencia (al menos hasta Febrero de 2011)  de que la propia Unidad de Acceso a la Información Pública (y otros organismos) no han establecido este criterio, actuando tal vez en mérito de la garantía, pero en desemedro de la eficiencia. Si fueramos demasiado garantistas, posiblemente el derecho al acceso en formato electrónico no podría aplicarse hasta que cada uruguayo/a no tuviera una firma digital certificada, algo que no solamente tomará tiempo, sino que como argumento sería único en el mundo. La mayoría de los países del mundo (incluyendo a nuestra región) aceptan pedidos y responden por correo electrónico u otros formatos electrónicos.

2. Existe una necesidad notoria de aumentar la capacidad institucional de la Unidad de Acceso a la Información Pública, y sería bueno comprometerse a explorar un nuevo diseño institucional para que cumpla de forma más efectiva su rol de contralor, profesionalziando el rol de los/las consejeras así como el de la institución. Una consulta pública debería abrirse en ese sentido.

3. En lo que refiere a normativa de integridad pública ( ley17060) el sistema actual se encuentra desfasado de lo que es la legislación comparada en cuanto a obligaciones que tienen los altos cargos gobierno en materia de transparencia y declaraciones juradas. Es necesario explorar la regulación n en materia de integridad pública y actualizarla. Esto requiere posiblemente un proceso de consulta en sí mismo, y más amplio.

4. El plan pone especial énfasis en generar incentivos positivos para que el Estado libere información y generar mejoras de gestión en los organismos (Premio a la Transparencia). Esto es sin duda positivo pero debe ser acompañado por incentivos a los usuarios para que destaquen cuales son las buenas prácticas, así como por ejemplo para que indiquen al gobierno cuáles son los trámites/servicios que tienen más problemas. Aunque potencialmente es tentador realizar este estudio vía una encuesta, tal vez sea mejor gestionar “desafíos” con grupos específicos de usuarios donde la mejor idea para mejorar un servicio sea premiada por el gobierno.

5. Si bien el plan refiere a incentivos para crear estructuras de e-participaciòn en los organismos, no necesariamente refiere al lado de la demanda (los participantes). El problema de ofertar sin tener en cuenta al usuario/ciudadano/consumidor es que perfectamente el usuario puede terminar ignorando la oferta. Similares incentivos deben ponerse del lado de la sociedad civil,la academía y potencialmente el sector privado para utilizar datos y realizar prácticas innovadoras. En concreto también el Estado debe adjudicar fondos para el desarrollo desde la sociedad civil, de prácticas que promuevan la demanda.

6. Deberíamos comenzar a ver más información de presupuesto /financiera del Estado en formatos reusables para permitir al propio Estado un mejor analísis de la eficiencia del gasto público, así como niveles de ejecución de su presupuesto  y analísis del mismo. Si bien hoy el Estado a nivel de organismo está obligado a proveer ciertos datos, este cumplimiento no es general a lo largo de toda la adminsitración.

7. El objetivo de lograr el avance del gobierno electrónico (y particularmente de los trámites online) es ciertamente bienvenido y positivo, en tanto se tomen los recaudos correspondientes para no excluir a otra población que tal vez siga necesitando de servicios “off-line”  Varias administraciones públicas han comenzado a avanzar en permitir a los usuarios ver exactamente donde su trámite esta, quien es el responsable del mismo, y el procedimiento a seguir para completarlo, haciendo que esta informaciòn sea no solo conocida por la administración sino potencialmente por cualquier usuario. Esto requiere una rediscusión seria sobre lo que legalmente en Uruguay se considera cómo “interés directo, personal y legítimo” en la jerga legal. La mayoría de los procesos de la administración  deberían ser abiertos a quien desee obtener la información.

8. Un aspecto ausente es el rol de los Archivos de las organizaciones públicas . Los Archivos contienen información importante que si es digitalizada y compartida, puede crear capital social, así como ayudar en diversos campos  de trabajo. Considerando que se trata de un punto de especial complejidad, Uruguay haría bien en explorar proyectos piloto de digitalización de archivos, y los posibles usos que esto pueda tener.

9.La inclusión en el plan de apoyo al Sofware Público Nacional (según el documento aún por definir) presenta algunos problemas en términos de su inclusión en una agenda de transparencia. Por un lado, sin duda promover el desarrollo de software nacional es una idea positiva, pero no necesariamente tiene una relación directa con una agenda de transparencia a menos  que estemos hablando de software abierto o libre (el término tiene ya sus complejidades pero no quiero entrar en el debate aquí). Si la idea es promover el desarrollo de aplicaciones ciudadanas basadas en código abierto para que los propios ciudadanos puedan luego reinventar, adaptar, y crear nuevas cosas, entonces posiblemente si exista una vinculación clara. Si la idea es potenciar empresas nacionales, tal vez sea parte de otra agenda, que lleva una discusión un poco más profunda sobre que políticas de innovación en materia de Software Uruguay desea promover, y como eso encaja en una estrategia global de inserción del país en las “cadenas de valor” de la producción de software a nivel global.

10. Los planes de alfabetización digital son una buena iniciativa y tal vez sea bueno considerar más proveedores y diversas formas de entrega de los mismos. Sin embargo a medida que la tecnología y el tiempo avanza, nuevas generaciones de usuarios se suman  y los mismos  requieren nuevas habilidades. Sugerimos la inclusión de ciertos programas que permitan a las nuevas generaciones experimentar con código  y desarrollo online en las primeras etapas de formación. Existe capacidad instalada en el país para hacer pilotos y potencialmente instructores para replicar alguno de estos programas que actualmente estan siendo desarollados en otros países.

11.Es necesario continuar con los esfuerzos en generar mediciones tanto en cumplimiento de normativa como en mejora de las prácitcas en los organismos.

12. Aunque posiblemente pueda se tratado por separado en otra agenda existe necesidad de mejorar la accesibilidad de las páginas web del Estado tanto para usuarios sin discapacidades, como para usuarios que presenten discapacidades. AGESIC ha desarrollado previamente trabajo en este sentido y sería positivo avanzar sobre el mismo.

En general aún queda un largo camino para avanzar en Uruguay, tanto en el Estado como en sociedad y el sector privado en materia de transparencia. Si bien se hace constantemente referencia a cambios culturales por parte de varios actores, los mismos no acontecen sin los incentivos correspondientes. Los 12 puntos reseñados apuntan a fomentar esos incentivos.

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Gobierno Abierto en América Latina

Hace un par de semanas publicamos junto a mi colega Silvana Fumega dos posts sobre participación y tecnología en el contexto de la Alianza por el Gobierno Abierto.

A su vez, Uruguay lanza la semana próxima su consulta sobre este proceso 

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La Reforma que no es Reforma

Hoy publiqué aquí un artículo sobre la tan mentada “Reforma del Estado” en Uruguay, y bien puede ser aplicable a otras latitudes de cuando se habla de esta clase de reformas.

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Campos de la Transparencia

En el día de ayer el Senado uruguayo aprobó un nuevo impuesto con el objetivo de evitar la concentración de la tierra. El impuesto (un tema en si mismo) motivó que para cumplir con el Reglamento de la Cámara de Senadores, los miembros del Senado que pudieran tener un interés directo en el tema, declararan en Sala  si eran propietarios de bienes y cuantas hectáreas tenían, a los efectos que la Cámara los habilitara a participar en la discusión y eventualmente votar. La situación fue tragicómica, cuando el Presidente del Senado finalmente preguntó si “había alguna hectarea más para declarar”. Según los reportes de prensa, 11 de los 31 senadores, serán afectados por el impuesto directamente.

Lo más obvio es que los Senadores uruguayos declararon voluntariamente sus bienes ante sus pares. Esto es un buen signo, pero ¿ cómo saber si eso pasa en todas las votaciones? Y principalmente ¿ cómo saber quien tiene un interés directo en una Comisión? Y ¿ como saber que no han mentido? Los políticos tienden a defenderse diciendo que Uruguay es un país pequeño y que en el fondo todos sabemos quien es quien. Otros tienden a aludir a su honor personal, en juramentos de corte decimonónico. Además nunca falta la explicación cuasi mitológica, de que los sistemas de partidos se autoregulan, entonces de alguna forma, el propio partido u otros partidos harán sonar la alarma frente a un desvío de conducta. En resumen, el sistema político lava la ropa sucia en casa.

A esta visión de la rendición de cuentas, yo quisiera proponer otra según la cuál los representantes del pueblo deberían decirle al pueblo cuales son sus  intereses, de forma tal que toda la ciudadanía, y no solo sus pares, pueda juzgar si es apto para participar en discusiones, cómo lo hace y de que forma. En el hoy los Senadores envían a la Junta para la Transparencia y Ética Pública  sus declaraciones y las mismas no son públicas. Esto plantea una suerte de protección a la “privacidad” del político, un argumento que en lo personal veo difícil de defender. Quien quiera privacidad, debería pensar dos veces en dedicarse a la vida pública.También sería bueno saber cómo votan en cada una de las sesiones (hoy eso no es posible, pues  no hay registros a nivel personal) entre otras cosas.  Rendir cuentas a toda la sociedad es la  visión que permea cada vez más en las democracias avanzadas e incluso a otros países de América Latina como Chile. En este caso la sociedad civil chilena ha logrado fiscalizar el cumplimiento de las declaraciones de forma ingeniosa, y si bien han habido algunos chisporroteos,  a nadie se le ocurrió plantear que no es buena cosa que exista ese control. Crecientemente existe una discusión a nivel internacional de cuáles son los estándares de transparencia que los poderes legislativos del mundo deberían tener.

Si los Senadores hicieran pública sus declaraciones, tal vez nos ahorrariamos situaciones tragicómicas como las  que se dieron en este impuesto y podríamos entender un poco más como se da nuestro proceso legislativo en Uruguay.

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Desarrollando America Latina

Uruguay necesita construir mayor demanda para datos abiertos. En este post  en el blog uruguayo de tecnología Tan Conectados explico básicamente porque es importante que estos eventos ayuden a construir esta demanda, y cuales son las potencialidades que Uruguay tiene.

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No es solo una perra…

Un reciente hecho de violencia contra animales en Uruguay me hizo reflexionar sobre varias cosas, pero en lo relevante a este blog, en los límites de la transparencia. Tres chicos de una pequeña villa uruguaya golpearon salvajemente a una perra hasta matarla, y alguien subió el video a youtube. A las 24 horas, una turba “online” había decidido nombrar y culpar a los responsables (menores de edad todos) cuyos datos se encuentran online. Similares ejemplos (más elaborados) pueden encontrarse en Gran Bretaña con la llamada Ley de Sarah que permite a los ciudadanos saber cuando un ex convicto de crímenes contra menos (pedófilos) se mudan cerca del vecindario.  Aquí pueden encontrar el artículo en el blog razones y personas.

 

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