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Transparence s’il vous plaît

Recientemente  la organización RegardsCitoyens y el Science Po de Paris organizaron una conferencia sobre apertura de datos legislativos.  Presenté parte de un trabajo que escribimos con Silvana Fumega sobre datos abiertos en América Latina, y a su vez parte de mi trabajo sobre transparencia parlamentaria.

Dos preguntas, me quedaron luego del evento  y ¿ Que implica tener un Parlamento transparente? y ¿ Quien controla al Parlamento y cómo lo hace?

Empezando por el principio, tal vez convenga decir  lo que no es un Parlamento transparente. Un parlamento no transparente es aquel que los votos de sus miembros no son conocidos por el público, que existe poco o nulo acceso a las actas de las sesiones y donde no existe registro de asistencia de los legisladores. También es un Parlamento que publica sus  documentos en formato poco amigables , y cuya estructura de comunicación es simplemente de una vía.  Si el lector es de algún país del América Latina, ya sabe de lo que le hablo, no hay porque sentirse en soledad, pues por ejemplo en Francia la situación es bastante similar. Recientemente varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el NDI y la Red de Transparencia  Legislativa  lanzaron una proclama para definir que es un Parlamento transparente a nivel global, a los efectos de generar estándares claros.

La segunda pregunta, que debe preocupar a más de un legislador es :¿Porqué se controlaría al Parlamento y quien lo hace?  Suena evidente que el Parlamento debe rendir cuentas a la ciudadanía, pero algunos países lo hacen de forma más clara que otra. En las tradiciones anglosajonas la idea de que los representantes deben rendir cuentas a su distrito es bastante fuerte, y fuerza a los legisladores a sostener reuniones semanales con sus votantes. El sistema electoral y su tradición les impone este modo de actuar. En América Latina la mencionada tradición no está tan arraigada, y muchas veces el sistema electoral no provee los incentivos para que los actores exijan saber exactamente que hace el Parlamento, y cómo lo hace. Consecuentemente es la sociedad civil quien de forma creciente se ha venido organizando en redes para el control del Parlamento. La causa del control, posiblemente se encuentre en la desconfianza que alguna de estas instituciones generan.

La idea detrás de un Parlamento y  de sus miembros es que son respresentantes del pueblo lo que es un ideal noble. Pero a los representantes les gusta más representar, que rendir cuentas, y existe entre muchos de ellos (independientemente de los partidos) una suerte de “espíritu de cuerpo” en donde ciertos privilegios y formas de trabajo que derivan de la falta de información pública resultan convenientes. Consecuentemente cualquier intento de control es calificado como para “la tribuna” o de personas que no entienden “la alta política”. Esto es claramente una defensa pobre. Hace largo rato que la mayoría de las decisiones claves de los países no se toman en los Parlamentos, y existe creciente evidencia de que la institución precisa reformarse para ser más representativa, pero sobre todo más relevante.

Además el impacto de la tecnología hace que crecientemente ocultar información sea simplemente imposible. Algunos parlamentarios les gusta pensar que todavía tienen el poder de ocultar datos, o de jugar a que manejan secretos de estado con información que todos deberíamos saber (incluyendo lo que votaron). Sitios como trabajan para tí o o el látigo público permiten rapidamente saber quien es quien en las votación. Irónicamente mucho de estos datos son usados por los propios parlamentarios para luego tener insumos en sus discusiones. Uno de los momentos más cómicos del evento fue cuando el hacker uruguayo Alvaro Mourinho  contó el proceso de cómo en el contexto de un evento regional de uso de información pública, él y su equipo lograron acceder a la base de datos entera del Parlamento Uruguayo, exponiendo de forma significativa una falla de seguridad. Pero más allá de esa falla, lo difícil para ellos fue trabajar con la información generada. No se podía saber ni a cuantas sesiones iban los diputados, ni un claro proceso de cómo se realizan las leyes entre algunas otras cosas.

El desafío de la transparencia para los parlamentos  ha llegado para quedarse, lo quieran o no. Pueden tratar de ocultar información, pueden no registrarla, pueden en definitiva usar un montón de artilugios para mantener su forma actual de trabajo. El problema con eso es que la primera víctima serán los parlamentos. Los parlamentarios podrían ver en esto una oportunidad para mejorar sus instituciones y la forma en que hacen política. Por supuesto, se dice mucho más fácil de lo que se hace.

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Manual de Periodismo de Datos

¿ Cuál es el futuro del periodismo? Para muchos periodistas es una pregunta difícil, y para algunos medios de comunicación (notoriamente la prensa escrita) Internet solo les ha traído malas noticias, al haber cambiado dramáticamente su modelo de negocios.

Pero los cambios también traen cosas buenas. Con la llegada de un mundo de datos, aparece la posibilidad de investigar con ellos, lo que se ha denominado periodismo de datos o en inglés “Data Journalism”.

¿ De que va esto? El periodismo de datos sigue siendo periodismo “de la vieja escuela”, pero con un giro más tecnológico. La gran cantidad de datos que existen en internet permiten contar historias de formas más ricas, cruzar datos de diversas fuentes, y consecuentemente tener mayor poder de análisis y causar más impacto.

¿ Y cómo se hace? El reciente manual sobre Periodismo de Datos busca dar una respuesta a esta pregunta (full disclosure yo escribí junto con gente bastante más talentosa que yo ésta sección)  El manual se realizó en un fin de semana en el festival de Mozilla en Londres, .y posteriormente fue editado por el equipo que organizó el trabajo de la Open Knowledge Foundation  y el Centro Europeo de Periodismo, que tuvo más de 70 contribuyentes. Aquí pueden ver una buena cobertura del evento realizado por la periodista italiana Federica Cocco. El manual se encuentra en inglés pero  ya hay equipos de trabajo preparando su traducción a diversos idiomas, incluido el español.

¿ Y que tiene que ver esto con el acceso a la información pública?  Mucho, básicamente porque para hacer periodismo de datos se requiere grandes cantidades de información pública, no solo para contar la historia, sino también para dar contexto y ayudar  a visualizar los problemas.  Mucha de la información que se requiere debe estar en formatos adecuados (abiertos) para poder ser utilizada, pero lo más importante es que este disponible. Las leyes de acceso a la información pública son claves en este proceso, así como la aparición de la agenda de datos abiertos, vinculadas a estas leyes. Estas regulaciones son básicas para poder realizar esta nueva clase de periodismo

En América Latina, La Nación DATA , el equipo de Poderopedia han dado muestras de que es posible hacer esto, y que medios tradicionales y no tradicionales pueden avanzar en el uso de estas herramientas y esta  nueva forma de hacer periodismo.

Obviamente, en mi opinión, la tarea sigue siendo periodismo. Las formas cambian, las nuevas tecnologías requieren habilidades distintas,  y una nueva forma de trabajo más colaborativa, pero rigurosidad, una ética de trabajo y creatividad seguirán distinguiendo a los buenos periodistas, tanto ayer, como en la era del periodismo de datos.

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Desarrollando America Latina

Uruguay necesita construir mayor demanda para datos abiertos. En este post  en el blog uruguayo de tecnología Tan Conectados explico básicamente porque es importante que estos eventos ayuden a construir esta demanda, y cuales son las potencialidades que Uruguay tiene.

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La Asociación por el Gobierno Abierto y Uruguay: Una hoja de ruta

Si bien los medios uruguayos no lo cubrieron demasiado algunos de nostros si nos dimos cuenta que Uruguay había firmado el ingreso a la Asociación por el Gobierno Abierto (Open Government Partnership por sus siglas en inglés) cuyo principal objetivo es asegurar compromisos concretos de los gobiernos para promover la transparencia, fortalecer la participación ciudadana, combatir la corrupción y aprovechar el poder de la tecnología para mejorar el gobierno.

En lo concreto existen dos fechas importantes que Uruguay debe tener en mente, el próximo 7-8 de diciembre donde se supone que los países que se han unido darán una primera idea de cuáles son sus planes, y el próximo  Abril de 2012 donde existirá una reunión de alto nivel para evaluar los avances del proceso. Hasta la fecha, no hemos sabido demasiado de Uruguay en este campo, pero como también ha hecho el canadiense David Eaves recientemente, en este post me propongo dar una serie  pautas sobre como encarar este proceso, para que sea provechoso para Uruguay. Voy a presentar tres  compromisos fáciles de asumir por parte del gobierno (que se conocen como “low hanging fruit” en la jerga  de políticas públicas) y voy a presentar tres puntos de largo aliento.

1. Una consulta pública seria

Aunque parezca obvio, parte esencial de los compromisos asumidos, es ser abierto acerca de los compromisos a asumir. El gobierno uruguayo no tiene una tradición en su historia de realizar demasiadas consultas públicas (es algo que de hecho deberíamos mirar más finamente en la legislación, y en la práctica) pero existen buenos ejemplos en el Ministerio de Industria, de cómo se debería ver un proceso de consulta. Idealmente sería bueno tener una serie de talleres y actividades con distintos grupos para que enriquezcan la discusión. El proceso debería ser abierto y transparente. No voy dejar de resaltar que este proceso debía haberse iniciado ya, pues la idea era que los gobiernos llegaran a diciembre con planes armados y consultados con la sociedad civil, pero analizando el proceso de cómo Uruguay se sumó esta iniciativa, es poco probable que suceda. De todas formas, precisamos una consulta en serio donde por un lado se invite ap participar, y se reconozcan los aportes de todos los que participen.

2.  Un ajuste a la ley de acceso y una mirada a las prácticas de acceso a la información

Los primeros indicadores sobre como avanza la ley de acceso en Uruguay, no son particularmente alentadores.  Es un mecanismo que aún no se usa demasiado, y el gobierno no pone a disposición toda la información que debería, a pesar de los esfuerzos de un pequeño grupo de funcionarios y sociedad civil trabajando en el tema.  Sobre estoy hay evidencia bastante objetiva. Una de las limitantes para los usuarios es en muchos casos no poder remitir sus pedidos en forma electrónica porque algunos lugares exigen que tenga la firma del solicitante, así como que use un formulario determinado por el organismo.

En el Siglo XXI, esto carece de sentido, pero en el ambiente altamente legalista del Uruguay se precisa especificar, por vía legal, que los pedidos se pueden realizar por correo electrónico y que no puede obligarse al ciudadano a un formulario predeterminado. En términos de implementación sería deseable que cada organismo finalmente terminará de instalar un referente en temas de acceso a la información pública cómo lo indica la ley. Y ya que vamos en tren de pedidos, que ese referente se encargue de publicar las respuestas a todos los pedidos de acceso, así todos nos enteramos y no necesariamente pedimos la información de nuevo.

A su vez, y en plan de ajustes sería deseable aclarar la situación de las asociaciones público-privadas  y las empresas del Estado bajo derecho público, las cuales deberían estar expresamente cubiertas por esta ley.

También es deseable modificar las prácticas de transparencia activa de manera que la información que comience a ser publicada por el Estado uruguayo sea abierta, que pueda ser leída por maquinas, y tenga un estandard relativamente uniforme.  Como contrapartida de esto debe establecer un derecho a los datos  (que no es otra cosa que el derecho a la información) de cualquier base de datos que tenga el Estado,  con las debidas restricciones particularmente en temas de privacidad, puedan ser utilizadas por la ciudadanía. (Ver aquí más sobre el tema)

3. Educar, Educar y Educar

Hasta la fecha el entrenamiento que se les ha dado a los servidores públicos sobre temas de acceso es limitado, y esas limitaciones se ven en el propio presupuesto asignado a la Unidad de Acceso a la Información Pública. Esto tiene que cambiar dramáticamente en los próximos años. Conformar una red  abierta de proveedores de capacitación en el tema para que cubra a servidores públicos de todos los niveles, así como a organizaciones ciudadanas. De preferencia los materiales deberían ser elaborados y puestos a disposición de todos quienes quieran aprendar en formatos abiertos tipo moodle.

En plan de educar tampoco sería una mala idea organizar talleres con los operadores usualmente involucrados en el tema para coordinar actividades. Idealmente estos talleres deberían ser también abiertos y facilitados por expertos trabajando en el tema, y también podrían participar gente que ha iniciado el proceso de acceso en otras partes del mundo. Uruguay ha llegado tarde (para variar) al mundo del acceso, pero eso no significa, que tenga que hacer las cosas mal. De  hecho, debido a la gran experiencia disponible, de seguro el camino hoy es más fácil.

El resultado tangible de estos procesos de educación debe ser la publicación de más información particularmente  en áreas sensibles al día a día tales cómo:

  • transporte
  • Salud
  • Educación
  • Servicios Municipales
  • Información Geográfica

Hasta aquí los compromisos fáciles  (y que no cuestan tanto dinero) ahora vamos a compromisos de mediano y largo plazo

4. Necesidad de instituciones mejor diseñadas

Como he repetido hasta el cansancio la Unidad de Acceso a la Información es sin duda un gran aporte en términos de implementación de la ley, pero necesariamente se va a encontrar con situaciones donde sus poderes son limitados en materia de resolución de controversias. La solución es necesariamente, establecer un tercero imparcial, que resuelva el problema con celeridad y sin necesidad que exista un proceso de judicialización. Es tiempo de dar ese debate y establecer un organismo que se encargue de lidiar rápidamente con los pedidos de acceso si intervención de abogados y otros costos asociados.

5. Abierto por default

Una mirada a los sistemas de información del Estado indica que no todos están diseñados para compartir reportes que de ellos se extraen de forma abierta, y en estándares reutilizables. Los sistemas de información que instale futuramente el Estado Uruguayo deberían  proveer esa información,  y  en los requisitos en los procesos de compra y licitación de sistemas de información deberían empezar a tener esto en cuenta como una obligación. Idealmente, deberíamos ver un movimiento dentro del Estado hacia soluciones de software abierto o libre, pero eso no es el centro del debate, el asunto es que lo que produzcan los sistemas y cómo los produzcan sea transparente.

6.  Una política de datos abiertos 

Siendo un tema nuevo para Uruguay en el cuál por ejemplo la IM ha empezado a dar tempranos y certeros pasos, es hora de configurar una política y práctica de datos abiertos que promueva transparencia e innovación en el sector público. Y esto, si bien no es fácil tampoco es imposible en el estadio de desarrollo que Uruguay tiene en materia de gobierno electrónico. El diseño de la política debe mirar a temas vinculados a uso y reuso de los datos, infraestructura, aspectos legales e implementación, pero por sobre todas las cosas debe permitir las bases de un “ecosistema” de usuarios de información pública, para los cuáles las reglas claras de juego son necesarias. La política de datos no puede ser solo un papel, sino que además debe desarrollarse estrategias desde el Estado para promover el uso de esta información, que van más allá de la creación de aplicaciones web, y busquen coordinar distintos actores para promover cambios sociales sustantivos.

Aunque la selección de temas ha sido aleatoria (un post no da para más) cada uno de los compromisos debe tener un objetivo cuantificable  e indicadores. Aunque no se cumplan por entero los compromisos si pueden ser una buena herramienta para empezar a pensar una estrategia marco en temas de acceso a la información y transparencia, un ejercicio que Uruguay por el momento no ha hecho.

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