El que quiere Celeste, que lo muestre : Los CVs de los gobernantes (y aspirantes) deben ser públicos.

En un reciente comunicado, CAINFO Uruguay alerta sobre la discusión que se ha dado en el Senado de la República  sobre el nombramiento de las personas que integrarán el llamado Instituto Nacional de los Derechos Humanos, una especie de Ombudsman que Uruguay se apresta a crear. La creación de la  institución es positiva, pero la forma en que se propone nombrar a sus miembros  tiene algunos bemoles, lo que demuestra la orfandad conceptual que hay a veces en temas de transparencia. El procedimiento de postulación ha sido abierto (otra buena noticia) pero si el lector y yo podremos enterarnos de quien se postuló y de sus meritos, ya es otra historia. La decisión es relevante porque como varios legisladores indicaron, se trata de una institución nueva en el país, que requiere de la mayor legitimidad posible,  el objeto de su función. Cómo nacen las instituciones importa, y mucho más aquellas que velan por valores clave, de ahí que cómo se construyen deba ser visible a toda la sociedad si es que se quiere alcanzar cierto éxito en su funcionamiento.

En la Comisión especial de Derechos Humanos de la Asamblea General  se expusieron sintéticamente cinco posiciones: la de brindar toda la información sobre el proceso (Constanza Moreira, FA-MPP), la de no brindar la información pues vulneraría la privacidad de los individuos (FA-PS) la de esperar que alguien los reclame y que lo determine la justicia (Pedro Bordaberry-PC), la de solicitarle autorización a los interesados ( Puig-FA)  y la de, debido a la circunstancia especial, brindar parte de la información al final del proceso ( Ivan Posada, PI).

¿ Es deseable que sepamos quien se postula a estos cargos y quien los postula?  Saliendo de un análisis estrictamente legalista la respuesta es sí . La mayoría de los países  medianamente serios tienen procesos de escrutinio público para la nominación y selección de candidatos  en cuál los legisladores participan pero no son los únicos actores.  Fortalece a la democracia y al propio parlamento hacer sus procesos transparentes y claros.

¿ Se debería dar toda la información sobre los candidatos ? Durante el debate los legisladores de todos los partidos propusieron soluciones “intermedias”, en donde por ejemplo se planteó dejar los CV a disposición por si alguien los quiere ver (y así no colgarlos en Internet), solo dar algunos datos y no todos, incluyendo quien postula o no al candidato, así como algunas cuestiones referidas cómo brindar los datos.   Existen límites razonables para no dar la información sobre los candidatos y uno posible es la llamada “privacidad” o “intimidad” de los candidatos ( términos se usaron como intercambiables en la sesión, pero no son lo mismo). Hay ciertos datos que por ejemplo no sería deseable conocer en ningún proceso de selección, tales cómo su orientación sexual, el tipo de sangre que lleva, su orígen étnico, el tipo de comida que le gusta entre otros ejemplos. Pero donde trabajó la persona, cómo lo hizo, cuál es su formación, que apoyos tiene para presentarse a un proceso de este estilo, en definitiva, una hoja de vida, no debería ser considerado información reservada bajo el argumento de privacidad. La privacidad es de por sí un concepto limitado, y para quienes deciden ingresar en la árena pública ese concepto se recorta aún más.   No es que por ser una persona pública no se tenga derecho a la privacidad ni mucho menos, pero es asumir que al ingresar en la esfera pública, por propia voluntad como en el caso de los gobernantes, se asumen ciertos deberes que fuerzan a exponerse más.

¿ Cómo se soluciona este problema? En general este problema admite 4 posibles soluciones :

1. Liberar toda la información ahora. De esta forma la Comisión mostraría su accionar y los posibles candidatos serían conocidos por toda la población formalmente. A su vez la Comisión ahorraría un problema práctico como el que Stiglitz llama “interes especiales” o mejor conocido en el contexto uruguayo cómo filtraciones selectivas a la prensa, que en el fondo permiten desinformar más sobre el proceso. Si existen ciertos reparos por la “privacidad” de los candidatos (me cuesta creer que alguno no sea ya una persona que trabaje en el ámbito público) entonces deberían ser notificados de la decisión y ofrecerles retirar su candidatura. Pero debemos ser claros: el principio es la publicidad, más allá de su voluntad individual.

2. Liberar la lista de candidatos propuestos con sus apoyos (o ausencia de ellos)  y posteriormente los criterios que seguirá la Comisión en términos de evaluación.Culminado el proceso de selección liberar la información de todo el proceso , incluyendo pero no limitándose a todos los CVs presentados, los criterios de decisión de la Comisión, y la justificación de la elección de las personas que vayan a ocupar estos cargos.

3. Hacer opaco el proceso y esperar un pedido judicial. Esto además de ser más costoso en términos de tiempo sienta un muy mal precedente.

4.Según su última acta la Comisión parece haber optado de vuelta por un criterio ecléctico en el cúal cuando se discute sobre los nombres se debe “tener cuidado” y no anotarlo en la versión taquigráfica. Esto es un error, y la Comisión se ha perdido de hacer uso de una causal de reserva. Las discusiones sobre porque se elige un candidato y no otro perfectamente pueden ser reservadas, pero nunca no anotadas.  Si la causal de reserva llevara por ejemplo a tener esos archivos “sin acceso”  por el máximo plazo legal, sería discutible sin duda, pero al menos  sabríamos que fue lo que pasó en la Comisión y que criterios se usaron-

El debate indica algo que los legisladores parecen no haber tomado en cuenta. Por un lado las excesivas preocupaciones por la privacidad en los cargos públicos generan altos niveles de opacidad, y minan la confianza en las instituciones que van a crear. Quienes deseen ocupar cargos públicos deberían empezar a entender que por el honor , retribución y ciertos privilegios que los cargos conllevan, también hay costos, entre ellos estar expuestos a la opinión pública. Como dice el refrán local adaptado: El que quiere celeste, que lo muestre.

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