Una respuesta a AGESIC : consulta sobre Gobierno Abierto

En un post anterior, había realizado una serie de recomendaciones sobre que se podría incluir en la llamada Agenda de Gobierno Abierto en Uruguay. A su vez, junto con mi colega Silvana Fumega, hicimos algunas reflexiones sobre la necesidad de promover más participación y procesos de consulta pública en este tema, algo que no es necesariamente común en Uruguay, y en América Latina.

AGESIC (La Agencia para el Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información) tomó el guante y en consulta con la organización  CAINFO y su grupo de trabajo (que integran la propia AGESIC, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministeria de Economía y Finanzas, y el Ministerio de Relaciones Exteriores) comenzaron una consulta pública que cierra hoy. En este post voy a responder al documento de AGESIC, a nombre propio y habiendo consensuado parte de los contenidos con DATA, una reciente organización creada en Uruguay para trabajar en datos abiertos, transparencia y acceso (más sobre esta organización en futuros posts)

1. Sobre la consulta pública

El hecho de que AGESIC experimente realizar la consulta, en un formato transparente, permitiendo los comentario del público en la página, así como el hecho que posteriormente publicará los materiales enviados es ciertamente una buena noticia, y algo que tiene pocos antecedentes en Uruguay. Aunque el plazo sea relativamente corto, y se pueda mejorar posiblemente el proceso en futuras consultas, es un avance positivo.

2. Sobre los esfuerzos realizados hasta ahora:

AGESIC cita en su documento una serie de esfuerzos realizados hasta ahora, que son la aprobaciòn de la ley de acceso a la información pública, la aprobación de la ley de datos personales, y la aprobación de la ley 17060 (normas de integridad pública), y sobre alguno de estos puntos realiza compromisos específicos (sección del documento aumentar la integridad pública)

En particular sobre estos puntos surgen al menos 10 asuntos que deberìan ser incorporados:

1. La especificación de que el derecho al acceso a la información puede ejercerce vía medios electrónicos, y que los organismos deben proveer la lista de correos electrónicos oficiales y constancia de la recepción de pedidos de acceso. Esto no necesariamente requiere una ley ya que una interpretación amplia de la actual ley de acceso y su regulación (más un poco de sentido común) lo hacen posible. Pero existe evidencia (al menos hasta Febrero de 2011)  de que la propia Unidad de Acceso a la Información Pública (y otros organismos) no han establecido este criterio, actuando tal vez en mérito de la garantía, pero en desemedro de la eficiencia. Si fueramos demasiado garantistas, posiblemente el derecho al acceso en formato electrónico no podría aplicarse hasta que cada uruguayo/a no tuviera una firma digital certificada, algo que no solamente tomará tiempo, sino que como argumento sería único en el mundo. La mayoría de los países del mundo (incluyendo a nuestra región) aceptan pedidos y responden por correo electrónico u otros formatos electrónicos.

2. Existe una necesidad notoria de aumentar la capacidad institucional de la Unidad de Acceso a la Información Pública, y sería bueno comprometerse a explorar un nuevo diseño institucional para que cumpla de forma más efectiva su rol de contralor, profesionalziando el rol de los/las consejeras así como el de la institución. Una consulta pública debería abrirse en ese sentido.

3. En lo que refiere a normativa de integridad pública ( ley17060) el sistema actual se encuentra desfasado de lo que es la legislación comparada en cuanto a obligaciones que tienen los altos cargos gobierno en materia de transparencia y declaraciones juradas. Es necesario explorar la regulación n en materia de integridad pública y actualizarla. Esto requiere posiblemente un proceso de consulta en sí mismo, y más amplio.

4. El plan pone especial énfasis en generar incentivos positivos para que el Estado libere información y generar mejoras de gestión en los organismos (Premio a la Transparencia). Esto es sin duda positivo pero debe ser acompañado por incentivos a los usuarios para que destaquen cuales son las buenas prácticas, así como por ejemplo para que indiquen al gobierno cuáles son los trámites/servicios que tienen más problemas. Aunque potencialmente es tentador realizar este estudio vía una encuesta, tal vez sea mejor gestionar “desafíos” con grupos específicos de usuarios donde la mejor idea para mejorar un servicio sea premiada por el gobierno.

5. Si bien el plan refiere a incentivos para crear estructuras de e-participaciòn en los organismos, no necesariamente refiere al lado de la demanda (los participantes). El problema de ofertar sin tener en cuenta al usuario/ciudadano/consumidor es que perfectamente el usuario puede terminar ignorando la oferta. Similares incentivos deben ponerse del lado de la sociedad civil,la academía y potencialmente el sector privado para utilizar datos y realizar prácticas innovadoras. En concreto también el Estado debe adjudicar fondos para el desarrollo desde la sociedad civil, de prácticas que promuevan la demanda.

6. Deberíamos comenzar a ver más información de presupuesto /financiera del Estado en formatos reusables para permitir al propio Estado un mejor analísis de la eficiencia del gasto público, así como niveles de ejecución de su presupuesto  y analísis del mismo. Si bien hoy el Estado a nivel de organismo está obligado a proveer ciertos datos, este cumplimiento no es general a lo largo de toda la adminsitración.

7. El objetivo de lograr el avance del gobierno electrónico (y particularmente de los trámites online) es ciertamente bienvenido y positivo, en tanto se tomen los recaudos correspondientes para no excluir a otra población que tal vez siga necesitando de servicios “off-line”  Varias administraciones públicas han comenzado a avanzar en permitir a los usuarios ver exactamente donde su trámite esta, quien es el responsable del mismo, y el procedimiento a seguir para completarlo, haciendo que esta informaciòn sea no solo conocida por la administración sino potencialmente por cualquier usuario. Esto requiere una rediscusión seria sobre lo que legalmente en Uruguay se considera cómo “interés directo, personal y legítimo” en la jerga legal. La mayoría de los procesos de la administración  deberían ser abiertos a quien desee obtener la información.

8. Un aspecto ausente es el rol de los Archivos de las organizaciones públicas . Los Archivos contienen información importante que si es digitalizada y compartida, puede crear capital social, así como ayudar en diversos campos  de trabajo. Considerando que se trata de un punto de especial complejidad, Uruguay haría bien en explorar proyectos piloto de digitalización de archivos, y los posibles usos que esto pueda tener.

9.La inclusión en el plan de apoyo al Sofware Público Nacional (según el documento aún por definir) presenta algunos problemas en términos de su inclusión en una agenda de transparencia. Por un lado, sin duda promover el desarrollo de software nacional es una idea positiva, pero no necesariamente tiene una relación directa con una agenda de transparencia a menos  que estemos hablando de software abierto o libre (el término tiene ya sus complejidades pero no quiero entrar en el debate aquí). Si la idea es promover el desarrollo de aplicaciones ciudadanas basadas en código abierto para que los propios ciudadanos puedan luego reinventar, adaptar, y crear nuevas cosas, entonces posiblemente si exista una vinculación clara. Si la idea es potenciar empresas nacionales, tal vez sea parte de otra agenda, que lleva una discusión un poco más profunda sobre que políticas de innovación en materia de Software Uruguay desea promover, y como eso encaja en una estrategia global de inserción del país en las “cadenas de valor” de la producción de software a nivel global.

10. Los planes de alfabetización digital son una buena iniciativa y tal vez sea bueno considerar más proveedores y diversas formas de entrega de los mismos. Sin embargo a medida que la tecnología y el tiempo avanza, nuevas generaciones de usuarios se suman  y los mismos  requieren nuevas habilidades. Sugerimos la inclusión de ciertos programas que permitan a las nuevas generaciones experimentar con código  y desarrollo online en las primeras etapas de formación. Existe capacidad instalada en el país para hacer pilotos y potencialmente instructores para replicar alguno de estos programas que actualmente estan siendo desarollados en otros países.

11.Es necesario continuar con los esfuerzos en generar mediciones tanto en cumplimiento de normativa como en mejora de las prácitcas en los organismos.

12. Aunque posiblemente pueda se tratado por separado en otra agenda existe necesidad de mejorar la accesibilidad de las páginas web del Estado tanto para usuarios sin discapacidades, como para usuarios que presenten discapacidades. AGESIC ha desarrollado previamente trabajo en este sentido y sería positivo avanzar sobre el mismo.

En general aún queda un largo camino para avanzar en Uruguay, tanto en el Estado como en sociedad y el sector privado en materia de transparencia. Si bien se hace constantemente referencia a cambios culturales por parte de varios actores, los mismos no acontecen sin los incentivos correspondientes. Los 12 puntos reseñados apuntan a fomentar esos incentivos.

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