La Asociación por el Gobierno Abierto y Uruguay: Una hoja de ruta

Si bien los medios uruguayos no lo cubrieron demasiado algunos de nostros si nos dimos cuenta que Uruguay había firmado el ingreso a la Asociación por el Gobierno Abierto (Open Government Partnership por sus siglas en inglés) cuyo principal objetivo es asegurar compromisos concretos de los gobiernos para promover la transparencia, fortalecer la participación ciudadana, combatir la corrupción y aprovechar el poder de la tecnología para mejorar el gobierno.

En lo concreto existen dos fechas importantes que Uruguay debe tener en mente, el próximo 7-8 de diciembre donde se supone que los países que se han unido darán una primera idea de cuáles son sus planes, y el próximo  Abril de 2012 donde existirá una reunión de alto nivel para evaluar los avances del proceso. Hasta la fecha, no hemos sabido demasiado de Uruguay en este campo, pero como también ha hecho el canadiense David Eaves recientemente, en este post me propongo dar una serie  pautas sobre como encarar este proceso, para que sea provechoso para Uruguay. Voy a presentar tres  compromisos fáciles de asumir por parte del gobierno (que se conocen como “low hanging fruit” en la jerga  de políticas públicas) y voy a presentar tres puntos de largo aliento.

1. Una consulta pública seria

Aunque parezca obvio, parte esencial de los compromisos asumidos, es ser abierto acerca de los compromisos a asumir. El gobierno uruguayo no tiene una tradición en su historia de realizar demasiadas consultas públicas (es algo que de hecho deberíamos mirar más finamente en la legislación, y en la práctica) pero existen buenos ejemplos en el Ministerio de Industria, de cómo se debería ver un proceso de consulta. Idealmente sería bueno tener una serie de talleres y actividades con distintos grupos para que enriquezcan la discusión. El proceso debería ser abierto y transparente. No voy dejar de resaltar que este proceso debía haberse iniciado ya, pues la idea era que los gobiernos llegaran a diciembre con planes armados y consultados con la sociedad civil, pero analizando el proceso de cómo Uruguay se sumó esta iniciativa, es poco probable que suceda. De todas formas, precisamos una consulta en serio donde por un lado se invite ap participar, y se reconozcan los aportes de todos los que participen.

2.  Un ajuste a la ley de acceso y una mirada a las prácticas de acceso a la información

Los primeros indicadores sobre como avanza la ley de acceso en Uruguay, no son particularmente alentadores.  Es un mecanismo que aún no se usa demasiado, y el gobierno no pone a disposición toda la información que debería, a pesar de los esfuerzos de un pequeño grupo de funcionarios y sociedad civil trabajando en el tema.  Sobre estoy hay evidencia bastante objetiva. Una de las limitantes para los usuarios es en muchos casos no poder remitir sus pedidos en forma electrónica porque algunos lugares exigen que tenga la firma del solicitante, así como que use un formulario determinado por el organismo.

En el Siglo XXI, esto carece de sentido, pero en el ambiente altamente legalista del Uruguay se precisa especificar, por vía legal, que los pedidos se pueden realizar por correo electrónico y que no puede obligarse al ciudadano a un formulario predeterminado. En términos de implementación sería deseable que cada organismo finalmente terminará de instalar un referente en temas de acceso a la información pública cómo lo indica la ley. Y ya que vamos en tren de pedidos, que ese referente se encargue de publicar las respuestas a todos los pedidos de acceso, así todos nos enteramos y no necesariamente pedimos la información de nuevo.

A su vez, y en plan de ajustes sería deseable aclarar la situación de las asociaciones público-privadas  y las empresas del Estado bajo derecho público, las cuales deberían estar expresamente cubiertas por esta ley.

También es deseable modificar las prácticas de transparencia activa de manera que la información que comience a ser publicada por el Estado uruguayo sea abierta, que pueda ser leída por maquinas, y tenga un estandard relativamente uniforme.  Como contrapartida de esto debe establecer un derecho a los datos  (que no es otra cosa que el derecho a la información) de cualquier base de datos que tenga el Estado,  con las debidas restricciones particularmente en temas de privacidad, puedan ser utilizadas por la ciudadanía. (Ver aquí más sobre el tema)

3. Educar, Educar y Educar

Hasta la fecha el entrenamiento que se les ha dado a los servidores públicos sobre temas de acceso es limitado, y esas limitaciones se ven en el propio presupuesto asignado a la Unidad de Acceso a la Información Pública. Esto tiene que cambiar dramáticamente en los próximos años. Conformar una red  abierta de proveedores de capacitación en el tema para que cubra a servidores públicos de todos los niveles, así como a organizaciones ciudadanas. De preferencia los materiales deberían ser elaborados y puestos a disposición de todos quienes quieran aprendar en formatos abiertos tipo moodle.

En plan de educar tampoco sería una mala idea organizar talleres con los operadores usualmente involucrados en el tema para coordinar actividades. Idealmente estos talleres deberían ser también abiertos y facilitados por expertos trabajando en el tema, y también podrían participar gente que ha iniciado el proceso de acceso en otras partes del mundo. Uruguay ha llegado tarde (para variar) al mundo del acceso, pero eso no significa, que tenga que hacer las cosas mal. De  hecho, debido a la gran experiencia disponible, de seguro el camino hoy es más fácil.

El resultado tangible de estos procesos de educación debe ser la publicación de más información particularmente  en áreas sensibles al día a día tales cómo:

  • transporte
  • Salud
  • Educación
  • Servicios Municipales
  • Información Geográfica

Hasta aquí los compromisos fáciles  (y que no cuestan tanto dinero) ahora vamos a compromisos de mediano y largo plazo

4. Necesidad de instituciones mejor diseñadas

Como he repetido hasta el cansancio la Unidad de Acceso a la Información es sin duda un gran aporte en términos de implementación de la ley, pero necesariamente se va a encontrar con situaciones donde sus poderes son limitados en materia de resolución de controversias. La solución es necesariamente, establecer un tercero imparcial, que resuelva el problema con celeridad y sin necesidad que exista un proceso de judicialización. Es tiempo de dar ese debate y establecer un organismo que se encargue de lidiar rápidamente con los pedidos de acceso si intervención de abogados y otros costos asociados.

5. Abierto por default

Una mirada a los sistemas de información del Estado indica que no todos están diseñados para compartir reportes que de ellos se extraen de forma abierta, y en estándares reutilizables. Los sistemas de información que instale futuramente el Estado Uruguayo deberían  proveer esa información,  y  en los requisitos en los procesos de compra y licitación de sistemas de información deberían empezar a tener esto en cuenta como una obligación. Idealmente, deberíamos ver un movimiento dentro del Estado hacia soluciones de software abierto o libre, pero eso no es el centro del debate, el asunto es que lo que produzcan los sistemas y cómo los produzcan sea transparente.

6.  Una política de datos abiertos 

Siendo un tema nuevo para Uruguay en el cuál por ejemplo la IM ha empezado a dar tempranos y certeros pasos, es hora de configurar una política y práctica de datos abiertos que promueva transparencia e innovación en el sector público. Y esto, si bien no es fácil tampoco es imposible en el estadio de desarrollo que Uruguay tiene en materia de gobierno electrónico. El diseño de la política debe mirar a temas vinculados a uso y reuso de los datos, infraestructura, aspectos legales e implementación, pero por sobre todas las cosas debe permitir las bases de un “ecosistema” de usuarios de información pública, para los cuáles las reglas claras de juego son necesarias. La política de datos no puede ser solo un papel, sino que además debe desarrollarse estrategias desde el Estado para promover el uso de esta información, que van más allá de la creación de aplicaciones web, y busquen coordinar distintos actores para promover cambios sociales sustantivos.

Aunque la selección de temas ha sido aleatoria (un post no da para más) cada uno de los compromisos debe tener un objetivo cuantificable  e indicadores. Aunque no se cumplan por entero los compromisos si pueden ser una buena herramienta para empezar a pensar una estrategia marco en temas de acceso a la información y transparencia, un ejercicio que Uruguay por el momento no ha hecho.

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